más allá de las responsabilidades en que hubiera incurrido el autor o autores del lanzamiento de la bengala náutica que pudo causar el incendio de un inmueble en el barrio de Trintxerpe de Pasaia la pasada Nochevieja, la utilización de material pirotécnico peligroso -más aún en manos inexpertas o por menores de edad- se está extendiendo de manera alarmante por toda la geografía vasca. Visto el drama de Pasaia, la noticia ha despertado incluso inquietud a posteriori en el Ayuntamiento de Vitoria por los numerosos cohetes pirotécnicos que se lanzaron en la capital alavesa la noche del pasado 31, y en muchos casos contraviniendo la ordenanza municipal que los prohibía más allá de las 0.15 horas. Una vez más, ha tenido que ocurrir una desgracia -afortunadamente, sin víctimas- para que la sociedad ponga su foco en esta costumbre. Cuarenta familias desalojadas en plena noche y que se han quedado sin hogar en Pasaia, además de otros incidentes por suerte con consecuencias menos graves, debe llamar a la reflexión y a la toma de decisiones por parte de las instituciones. No basta con una regulación mínima y excesivamente permisiva sobre la venta de petardos, cohetes y demás material pirotécnico, por mucho que su utilización pueda considerarse más o menos segura. Fiestas como las despedidas de año, en general, no son precisamente un momento en el que impere la serenidad y la mesura de muchos de los usuarios de estos artefactos que pueden convertirse en pirómanos accidentales. Tampoco es posible una vigilancia lo suficientemente exhaustiva capaz de impedir utilizaciones indebidas. Pero sí es posible y necesario arbitrar una normativa estricta, que incluya prohibiciones taxativas en los casos en que se considere necesario, controles, sanciones y medidas de concienciación social. La localidad guipuzcoana de Pasaia ha vivido ahora un drama humano que ha rozado la catástrofe y, como suele ocurrir en otras ocasiones, es un hecho que ha encendido una alarma puntual, pero que no se debería obviar. Las instituciones y la solidaridad de la propia sociedad están volcadas en paliar las consecuencias de los afectados, pero los distintos ayuntamientos y el Gobierno vasco deberían ponerse a pensar después en adoptar medidas que eviten estos hechos.
