EL registro por el PNV en el Parlamento Vasco de la proposición no de ley para poner en marcha la ponencia sobre autogobierno supone trasladar al ámbito correspondiente, el del legislativo, el debate sobre el problema de la relación política entre Euskadi y el Estado español, pendiente al menos desde el siglo XIX y asentado en dos evidencias: la de una mayoría social que históricamente así lo exige y la de la perversión de los acuerdos que pretendieron solucionarlo tras la dictadura franquista a causa de la imposición desde entonces por el Estado de su lectura más restrictiva y centralista y el uso abusivo de la legislación básica con pretensiones uniformadoras. Dichos antecedentes justifican e impulsan dos premisas esenciales a que debe aspirar la ponencia en su pretensión de sentar los principios de un nuevo estatus. Por un lado, la de obtener un consenso similar o mayor al que obtuvo el Estatuto de Gernika, ya que de suceder o ampliar el mismo se trata. Por otro, la de que ese consenso cuente con la seguridad jurídica que evite tanto su reinterpretación restrictiva por el Estado como su revisión crítica a partir de las directrices que emanan del nuevo marco europeo. La primera de esas premisas lleva a contar en todo caso con una o ambas de las dos tradiciones políticas ausentes del consenso que alumbró los acuerdos suscritos hace 34 años aunque defraudados durante más de tres décadas, la izquierda abertzale y el Partido Popular. Y, por supuesto, demanda como en 1979 el refrendo de la ciudadanía en una consulta, esto es, el ejercicio del derecho fundamental y democrático (también histórico en virtud del derecho foral) que asiste a la sociedad vasca a decidir sobre el modo en que se organiza y relaciona, potestad que hoy no solo conlleva la posibilidad de expresarse sino por supuesto -al contrario de lo sucedido con el Estatut catalán- la exigencia de absoluto respeto al resultado de dicha expresión como máximo exponente de la democracia. Tanto con ese fin como con el de asegurar el cumplimiento de la segunda premisa, la de la seguridad jurídica, todo consenso alcanzado por las fuerzas políticas vascas respecto a la relación entre Euskadi y el Estado debe incluir el principio de bilateralidad que prevenga y evite repetir las pretensiones de subordinación que durante dos siglos han impedido resolver el debate.