COMO vemos día a día, el recibo de la luz es uno de los mayores escándalos que se dan en el país y se comprueba el poder de las empresas eléctricas sobre el gobierno de turno, incapaz de poner un cierto orden en el sector. Demostrando una vez más cómo los poderosos son el auténtico gobierno del país y no los que elegimos.

La energía hace 30 años estaba bajo la regulación total del Estado. Llegaron instrucciones europeas en la década de los noventa en el sentido de racionalizar el sector y, en consecuencia, reducir el número de empresas para hacerlas más grandes y competitivas y así se hizo. En un segundo paso, siguiendo el axioma neoliberal de que lo privado es más eficiente que lo público, se debía privatizar el sector energético estatal con la canción de que con la liberalización se ganaría en competitividad y los precios bajarían.

Actualmente tenemos un parque eléctrico capaz de producir el triple de las necesidades del país. Esto quiere decir que estos años se ha creado una burbuja eléctrica, de la que no se habla, pero que acabaremos pagando o ya estamos pagando.

Además, uno de los principios básicos de la ley de mercado nos dice que cuando hay un exceso de oferta los precios bajan. Como vemos aquí, este axioma no se cumple, sino que suben a un ritmo frenético. Hay instalados en España 105.000 Mw y la demanda apenas llega a los 45.000 Mw.

Si hay un ejemplo emblemático del proceso de este sector es Endesa. Era la mayor empresa eléctrica española bajo el control del Estado. Tanto desde Francia como desde Alemania alentaron esta privatización. Curiosamente, estos países nunca lo hicieron con sus empresas y mantuvieron un potente sector eléctrico estatal.

Tanto populares como socialistas se pusieron a la carrera para privatizar todo el sector energético y fue a precio de saldo. Algunos ricos españoles y muchos extranjeros ganaron mucho dinero a costa del contribuyente. Después de la privatización, vino la pelea entre multinacionales europeas -la Eon alemana y Enel italiana- para absorberla. Al final ganó la empresa pública italiana.

Es decir, vendimos nuestro sector público eléctrico para acabar siendo dominados por una empresa pública italiana. Esto no lo hubiera mejorado ni Groucho Marx. Este resultado es fruto de la inoperancia e ineptitud del dúo de PP y PSOE. Nos encontramos actualmente con un sector eléctrico mayoritariamente en manos de empresas extranjeras.

Los del PP no dejan de hablarnos de la herencia recibida, pero el desastre eléctrico actual es una de las herencias negras dejadas por el Gobierno de Aznar. El diabólico sistema actual es debido al dúo de Aznar y Rato, quienes admitieron la tesis de las eléctricas de que las tarifas no cubren los costes de producción y debe ser el Estado quien cubra los déficits. Esto genera deudas continuas con las eléctricas, que han ido aumentando año a año, llegando actualmente a unos 28.000 millones de euros.

Por si esto fuera poco, aceptó que los distintos tipos de energías del sistema -nuclear, carbón, hidroeléctrica o renovable- se paguen todas al precio de la energía más cara que se produce; es decir, que las eléctricas cobran lo mismo por la energía hidroeléctrica que por la solar, con lo que el beneficio es increíble. Ni el PP ni el PSOE han hecho nada durante sus gobiernos.

El maridaje entre política y empresas eléctricas es escandaloso. Las empresas contratan rápidamente a los políticos cesados con suculentos sueldos de centenas de miles de euros. Salen de la política y sin siquiera aguardar los dos años que exige la ley de incompatibilidades, ya entran a figurar. No a trabajar. Emblemático es el caso de la ex vicepresidenta socialista Elena Salgado, fichada por Chilectra, filial de Endesa, a los pocos meses de dejar el Gobierno, así como Felipe González (Gas Natural Fenosa), Aznar (Endesa), Acebes (Iberdrola), Borrell (Abengoa), Solbes (Enel), José Folgado (Red Eléctrica), Javier Solana (Acciona), Marcelino Oreja (Enagas), Ana Palacios (HC Energía), Manuel Marín (Iberdrola), Miguel Roca (Endesa), Pío Cabanillas (Acciona) o Boyer (Red Eléctrica). Las compañías no sólo buscan políticos, sino también familiares, como el caso de Ignacio López Hierro, marido de Dolores de Cospedal, fichado para filiales de Iberdrola.

Un ejemplo clarificador es que en los contratos con las hidroeléctricas, una parte de su producción debía ir a manos públicas, pero esto nunca se ha hecho, así que miles de millones de euros han ido a parar a manos de las eléctricas ante la inacción del Estado. Todo esto ha conseguido que tengamos la luz más cara de Europa, salvo Chipre y Malta. Desde 2007, el recibo de la luz ha subido el 60%, mientras que la renta de los ciudadanos ha caído en torno al 8,5%. Las empresas cortaron la luz en 2012 a casi millón y medio de casas. Muchas familias no pueden encender ni la luz ni la calefacción por no poder pagar semejantes precios. Es lo que se conoce como pobreza energética.

Mientras nos hablan de competitividad, y en consecuencia debe asumirse la rebaja de sueldos, la electricidad -un factor clave en dicha competitividad- campa a sus anchas para regocijo de las empresas y ante la incapacidad del Gobierno del PP. Son ya 21 las empresas que han semiparalizado su producción ante el precio del recibo. ¿Qué se puede hacer? Ayudar al drama de miles de familias que ya no disponen de luz, como la propuesta de la Junta de Andalucía, siendo conscientes del parche de la misma. Debemos poner coto a los privilegios de las eléctricas y a los sueldos escandalosos de sus directivos y hacer una auténtica reforma eléctrica de futuro, con apoyo a las energías renovables.