el auto del juez instructor del caso Bárcenas Pablo Ruz que constata indicios de una "corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas" resulta contundente. Los indicios judiciales que confirman así la existencia de una contabilidad B en el PP supone una razón de peso para cuestionar la continuidad de los dirigentes del aparato popular, recientes y actuales, en puestos de responsabilidad política y representación pública. La simple permisividad de prácticas internas opacas o contrarias a la legalidad en la financiación del partido, y mucho más la participación en las mismas, descalifican para ejercer la política. Y especialmente en tiempos de tanto descrédito social hacia de las formaciones políticas ante tanta sucesión de escándalos sobre la financiación irregular de sus estructuras. Pero las conclusiones apuntadas por el instructor de la Audiencia Nacional van más allá y cuestionan también la legislación sobre la financiación de las organizaciones políticas, los mecanismos de control que deben hacerla respetar y, en definitiva, la credibilidad democrática del sistema de partidos, del que tampoco son ajenos los sindicatos. Aunque los hechos investigados sean anteriores a la última reforma legal de octubre de 2012, las evidencias que se están desprendiendo de la instrucción del juez Ruz han dejado al desnudo -pese a los ímprobos esfuerzos de la cúpula de la dirección de Mariano Rajoy por circunscribirlo a un comportamiento personal de su extesorero Luis Bárcenas- las limitaciones de la ley. Y es que la última reforma ha demostrado ser insuficiente para controlar el desaforado crecimiento de las macroestructuras de los partidos -los gastos anuales de PP y PSOE superarían con creces los 70 millones de euros- lo que exige una revisión mucho más profunda de su sistema del financiación. Así como también el Tribunal de Cuentas se muestra incapaz de cumplir el rol de fiscalización que la propia ley le otorga y al final se ve además subordinado, con el subterfugio de la apelación, al Tribunal Supremo, cuya composición y fidelidad de sus magistrados obedecen a los pactos y componendas entre unos partidos políticos nada proclives al control de sus ingresos.
