parece que no está claro. Parece que los sucesivos debates que venimos manteniendo públicamente, en el Parlamento o en todos los foros -pocos- en los que se nos invita a participar, no sirven para que se sepa cuál es la posición socialista en torno al fracking. Estamos dispuestos a explicarlo cuantas veces sea preciso: los socialistas no queremos un solo permiso en esta materia sin garantías ambientales. Y creemos que se mezclan conceptos, leyes, normativas y voluntarismos para ocultar lo que ha venido ocurriendo en Euskadi en los últimos tiempos.

En marzo de 2010, el Parlamento vasco reforma la Ley de conservación de la naturaleza para incluir este punto: "Dentro de los límites y zonas de afección de los espacios naturales protegidos no podrá llevarse a cabo explotación minera alguna, ni a cielo abierto ni de forma subterránea". Esta iniciativa nace de la preocupación de algunos partidos políticos por el abuso ambiental que algunas canteras estaban realizando en algunos lugares. Aralar se abstuvo con el PNV y EA votó a favor de este punto. En ese debate nadie propuso que se regulara el fracking.

En julio de 2010 el Gobierno socialista ordena el cierre de la cantera de Zalloventa, a la que previamente ya se le habían denegado permisos de ampliación. Una de las canteras que motivó la primera iniciativa.

En julio de 2011 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condena al Gobierno vasco a indemnizar con 9 millones de euros a esa empresa que estaba dañando el parque de Urkiola. Las empresas reclaman otros 23 millones, precisamente por la prohibición genérica de la ley aprobada en 2010.

Por eso en 2012 impulsamos acotar la Ley. Sin prohibición genérica, sí limitando las posibilidades de explotación a garantías medioambientales que, en la práctica lo hagan imposible. Esa reforma legal quedó en el aire, pero ni Aralar ni EA -integradas hoy en EH-Bildu- introdujeron ni una sola enmienda alusiva al fracking. Es de suponer que es porque asumían que esta ley no era la vía para hacerlo. De nuevo el proyecto ha llegado esta legislatura por otra vía, una iniciativa de las Juntas Generales de Álava que, como denunciamos entonces, contenía el fraude de ley de asegurar que con esa reforma se iba a prohibir el fracking. Dijimos entonces, y a lo largo de toda la tramitación, que no se puede introducir una prohibición genérica en una ley que había que reformar, precisamente porque los tribunales ya nos han dicho que no caben. A Navarra, Cantabria o La Rioja no sé. A Euskadi ya le habían hecho pagar por esto 9 millones de euros y tenía pendientes otros 23 millones.

Quienes tanto ruido han hecho, ¿están dispuestos a que su rechazo al fracking les cueste a los ciudadanos millones de euros? Los socialistas vascos no estamos dispuestos.

Lo que acabamos de aprobar establece todo tipo de límites a las actividades económicas en zonas protegidas. Y en el desarrollo de la norma, los socialistas estamos dispuestos a introducir las garantías adicionales que sean necesarias. Pero no vamos a aceptar argumentos simplistas.

Quienes nos acusan de esconder intereses económicos detrás de nuestra posición son los mismos que ponen de referente de oposición al fracking a Francia. ¿Qué interés económico puede haber entre la oposición al fracking en un país que tiene 60 centrales nucleares? A nosotros nos parece bastante evidente. Desde luego, Francia no es el modelo de desarrollo energético en el que nos queramos mirar. Como tampoco queremos el modelo que propone Rajoy de alargamiento artificial de la vida de centrales nucleares caducas y obsoletas, ni el de leyes de evaluación de impacto ambiental que relajan extraordinariamente las garantías para impedir prácticas dañinas.

¿Cuál es nuestra apuesta? Limitadas desde esta semana las posibilidades de explotaciones a cielo abierto y subterráneas en zonas protegidas, regular dentro de nuestras capacidades la extracción de hidrocarburos. En zonas protegidas y en las no protegidas. Y tenemos un instrumento: la propuesta de iniciativa legislativa remitida al Parlamento vasco.

Defendemos un debate abierto, sin prejuicios ni tabúes, sin responder a intereses económicos o demagógicos, sobre nuestras necesidades energéticas, las obligaciones de autosuficiencia, preguntándonos de dónde llega ahora la luz o la calefacción de nuestros hogares y de dónde queremos que vengan, qué precio estamos dispuestos a pagar por todo ello, económico o de impacto ambiental.

Los socialistas estamos dispuestos a hablar de todo ello y a escuchar a todo el mundo. Sobre todo a escuchar, porque tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. Por eso en la estrategia energética ya introdujimos la pasada legislatura la cautela de que cualquier explotación energética nueva deba contar con todas las garantías.

Y mientras no hagamos ese debate, los socialistas vascos somos contrarios a la concesión de cualquier permiso para la exploración o explotación de recursos energéticos sobre los que no se tengan plenas garantías ambientales.