el ataque fascista contra la sede de la Generalitat en Madrid mientras se celebraba un acto de la Diada ha provocado una seria inquietud por la sensación de impunidad que transmitieron sus protagonistas, quienes en su mayor parte actuaron a plena luz del día a cara descubierta. La mayor parte de ellos son conocidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado como miembros de grupos de ultraderecha, algunos con antecedentes penales reiterados y en un caso hasta con una condena de 14 años de prisión -dictada en el año 2000 y que no se ha cumplido- por posesión de armas y explosivos y un plan para atentar contra familiares de presos de ETA. Esta constatación no ha hecho sino exacerbar después del ataque a la sede de la Generalitat la preocupación por la evidente falta de control sobre estos elementos. Las prácticamente nulas consecuencias penales del asalto del miércoles llevan incluso a levantar sospechas sobre ciertas estructuras y poderes del Estado que todavía hoy, 38 años después de la muerte de Franco y tres décadas, demuestran una peligrosa e inconcebible condescendencia hacia grupos herederos del fascismo español. Ante estos sectores se ignoran o relativizan actitudes y actos que en otros casos son duramente castigados, incluso mediante la aplicación de legislaciones especiales. Asimismo, a estos grupúsculos se les permite también mantener en la legalidad asociaciones que se reconocen a sí mismas fascistas, contrarias a un sistema democrático y que incumplen, en este sentido, distintos artículos del Código Penal y de la Ley de Partidos Políticos. Todo ello se agrava, además, al conocer las relaciones personales o familiares de alguno de estos elementos -o de otros, en casos anteriores- con destacados integrantes del Gobierno Rajoy, con responsables de las estructuras de Seguridad del Estado o con cuadros del PP. El Ejecutivo popular no ha procedido a dar una respuesta pública enérgica y nítida de condena que sí expresa ante actitudes similares de otro signo, incluso cuando criminaliza determinados movimientos sociales de indigados. Y esta laxitud o esos espacios de impunidad inhabilitan a los poderes del Estado para exigir a otros el fundamento ético de la ruptura absoluta con pasadas actitudes antidemocráticas y violentas.
