el latiguillo utilizado por los políticos de que hay que acatar por encima de todo las acciones judiciales para preservar el Estado de derecho y la indispensable separación de poderes se ha ido al traste, una vez más, en cuanto la jueza Mercedes Alaya ha iniciado los trámites para ver si son susceptibles de imputación los ex presidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco ex consejeros de la Junta andaluza en relación a los ERE fraudulentos llevados a cabo en los últimos años. Al PSOE le ha faltado tiempo para pasarse por el forro el tan manido respeto institucional y no ha tardado ni un segundo en tachar a la magistrada de oportunista, más bien de inoportuna, y arribista. "Imputación mediática", criticaba la portavoz socialista Soraya Rodríguez nada más conocer la actuación de la jueza contra varios peces gordos de su partido. Y alusiones constantes en el Congreso -ayer había sesión de control al Gobierno- enarbolando cachondos los populares el auto de Alaya para contrarrestar el desgaste que los socialistas pretenden aplicar con las cuentas de Bárcenas. Edificante, una vez más, el comportamiento de los elegidos para legislar e impartir cordura -y ya de paso justicia- en una sociedad cada vez más ajena y distante por razones obvias. Y un buen colofón, aunque será un simple suma y sigue, al varapalo propagandístico que supone el tercer intento consecutivo baldío de que Madrid sea elegida como sede de unos Juegos Olímpicos. En fin, habrá que tomarse una relaxing cup of café con leche para digerir todo esto.
