hace 50 años, la economista británica Joan Robinson -una de las pocas mujeres en alcanzar fama internacional en la economía académica- contestaba en un artículo su pesadumbre por el estado de la enseñanza de la economía: "La teoría, a nivel de manual, no dice más que si comparamos dos economías, ambas ya en equilibrio y ambas con el mismo valor total de capital ya en existencia, la que cuente con el nivel más bajo de salarios reales tendrá un nivel de empleo más elevado (bajo determinadas condiciones de competencia). Y aquí acaba la exposición. Si el alumno cae en la trampa de deducir que una reducción de salarios haría aumentar el empleo, es muy probable que nadie se tome la molestia de explicar por qué esto es un non sequitur".
Tan probable, como que eso que no se puede ni se debe deducir de la teoría, forma parte de las afirmaciones cotidianas de los economistas del régimen, sea entre los asesores de los gobiernos, en las fundaciones financiadas por los banqueros o en los organismos internacionales promotores del neoliberalismo. El escaso número de profesores que entienden ese non sequitur se ha reducido y eso explica por qué las trivialidades más ingenuas y los disparates más sofisticados se cuelan como conocimiento en informes de expertos.
Para los economistas del FMI y su escuela, los salarios son un gasto cuando se trata de salarios públicos y un coste si son privados, lo mismo que puedan serlo el gasóleo, la compra de lápices o las facturas de la luz.
En cuanto se llega al tema de los salarios, el asunto está claro siempre para estos expertos: bajar los salarios es bueno, no bajarlos es malo. En la distorsionada visión de estos expertos no cabe considerar que los salarios son una norma social de distribución de lo producido, entre quienes lo han generado y sus propietarios. Por eso, entre la gran profusión de cifras del informe anual sobre España del FMI no se incorpora el dato de la distribución: entre 2009 y 2012, la creación de valor añadido en la economía española -estancado porque hay 1,5 millones de personas menos trabajando- apenas ha caído en 9.000 millones de euros. Por su parte, los salarios directos e indirectos se han reducido en 44.000 millones de euros. ¿Dónde ha ido la diferencia, esos 35.000 millones de euros que antes producían y cobraban los trabajadores y ya no los cobran?
El dogma queda bien revelado en la rueda de prensa en la que se publicitó el informe del FMI. Un periodista comentó cómo, en su opinión, "en materia de competitividad España tiene mucho que hacer, pero no del lado de los salarios, que han caído ya de forma significativa, porque el principal problema se encuentra del lado de los precios", que no se reducen. La respuesta del jefe del equipo que redactó el informe consistió en decir que aunque España ha recuperado la pérdida de competitividad media por los costes laborales, "esto se ha logrado mediante aumentos de productividad, no mediante ganancias en costes laborales". Esta forma eufemística de referirse a la reducción de salarios, continua poco después: "Aunque está teniendo lugar una creciente moderación salarial, creo que nuestro mensaje será que este proceso tiene que seguir".
Los efectos macroeconómicos de una reducción generalizada de salarios son deprimir el consumo familiar, la recaudación de impuestos y de cotizaciones sociales. Por tanto, debilitar el Estado y las transferencias sociales, en primer lugar las pensiones. Pero hete aquí que los del FMI y banqueros de todo tipo saben lo que hay que hacer: bajar también las pensiones y reducir los servicios públicos.
El cuadro que nos presenta el FMI hasta 2018 ilustra bien lo que está pasando y va seguir en los próximos años con esa moderación salarial. Según este organismo, dentro de cinco años la capacidad de producir en España será la misma que en 2011. Sin consumo y sin inversión, por supuesto, la productividad dejará de crecer. Por arte de birlibirloque, sin embargo, los 104.000 millones de euros que se perderán en demanda doméstica serán más compensados por un incremento de 106.000 millones en una reorientación del modelo hacia las exportaciones que se podrá llevar a cabo (milagros del FMI) sin aumentar la productividad y sin tener que invertir un duro.
Y para mejorar las perspectivas proponen reducir los salarios en un 10%, acompañada de una reducción de las cotizaciones sociales de un 1,5% y un aumento del IVA en 2015 y 2016. Como el consumo doméstico se verá reducido, lo que no dice el informe es que para alcanzar semejantes logros, toda la producción extra tendrá que exportarse.
¿Y para qué tanto esfuerzo? ¿Acaso para reducir el endeudamiento? Nada de eso: en el escenario que dibuja el FMI, el endeudamiento de la economía española es tres veces y medio el valor del PIB hoy, y seguirá siendo así dentro de 6 años. Eso sí, de lo que se trata es de que el sector público siga aumentando su endeudamiento en 342.000 millones más, a la par que se reduce el de las empresas y las familias en 407.000 millones. Este es el neoliberalismo que promueven banqueros y acreedores: hay que privatizar los servicios sociales, pero la deuda pública cuanto más, mejor: siempre es más seguro pagador el Estado que el mercado.
El FMI vende una moto sin manillar ni ruedas; propone reorientar la economía hacia la exportación y competir sin invertir y sin aumentar la productividad, sólo bajando salarios. Todo trufado con gráficos en colorines y cifras obtenidas de bases de datos de la Comisión Europea y el Banco de España, que sirven para difuminar la esencia de todo el modelo, que parte de un principio intocable: pagar la deuda es el objetivo fundamental en torno al cual tiene que girar todas las demás variables, aun a costa de contraer nuevas deudas.
