Ante tanto recorte y pérdida de derechos, debemos insistir en que las mujeres seguimos padeciendo y luchando por enfrentar una crisis múltiple desde siempre, conscientes que en situaciones de emergencia generalizada, la vulneración de derechos se vuelve en contra de nosotras con mayor fuerza. Por lo que en la construcción de la Carta social será fundamental poner sobre la mesa la agenda feminista, para construir colectivamente desde el sostenimiento de una vida en dignidad que sea el núcleo rector. Los recortes en prestaciones sociales están generando que aquellos servicios antes públicos y ahora privatizados en los hogares supongan mayores cargas para las mujeres. A lo que hay que sumar los decretos laborales que nos vuelven a situar en los márgenes del empleo y del trabajo invisibilizado, reducciones salariales y eliminaciones de prestaciones que nos abocan a tener que enfrentar jornadas de trabajo múltiples, o subidas de precios que nos obligan a engrosar las filas de quienes sobreviven de una beneficencia que está comenzando a ser estructural.

Violencias todas ellas de claro sesgo androcéntrico, cuya máxima expresión encontramos en el rebrote de agresiones a la libertad de decisión, a la autonomía económica, o a la libertad afectivo-sexual. Pero hay más en la vulneración de los derechos de ciudadanía hacia las mujeres. Y es la modificación de la ley del aborto que Gallardón ha anunciado. Único decreto que no se acompaña de justificación económica alguna, y es meramente ideológica, de control sobre la vida y decisión de las mujeres. Decreto que supondría además una clara diferenciación de clase, bien económica, bien administrativa, pues supondría que quienes disponen de capacidad económica para irse a un centro privado, lo puedan hacer, y aquellas que no tengan su situación administrativa en regla o no dispongan de ingresos suficientes, no puedan siquiera decidir o tengan que acceder a abortos clandestinos con todos los riesgos que ello conlleva.

La ley del 2010 no fue suficiente, al limitar la libertad de las mujeres para decidir sobre nuestro cuerpo, mediante la implantación de plazos, períodos de reflexión, supuestos y edades, que sitúan la decisión última correspondiente a la mujer en términos condicionados.

Y ahora que pretenden limitar aún más nuestra capacidad de decisión, resulta que hay quien da por bueno aquello que seguía limitándonos, obligándonos a tener que justificar, y nos reducía a unos plazos que colisionan con la autonomía de las mujeres.

Quiero recordar que quienes últimamente dicen defender el derecho a la vida no se han movilizado para denunciar y combatir los múltiples efectos que genera la violencia machista. Lejos de denunciar la precarización de la vida y la pérdida de la dignidad que los decretos y recortes aprobados en Madrid e impulsados por Gasteiz y Nafarroa generan, los amparan. Tampoco les hemos visto combatiendo los efectos sobre la vida de menores y mayores que los recortes en sanidad o las indecencias financieras están generando.

En cambio, los lobbies del Opus y grupos católicos fundamentalistas pretenden seguir controlando nuestros cuerpos mediante la anulación de nuestra capacidad de decisión, o limitando la misma, imponiéndonos una ley de plazos en el momento de decidir sobre la gestación o interrupción de la misma.

Desde una defensa absoluta por defender la vida digna y libre, sin tutelas ni imposiciones externas, debemos seguir luchando por unos derechos que a duras penas hemos logrado mantener desde los márgenes, y que ahora pretenden no sólo limitar sino reducir.