LA decisión del colegio de comisarios de la Comisión Europea que obliga a devolver las ayudas procedentes del tax lease a la construcción naval a partir de 2007, no solo es cuestionable en cuanto a sus efectos en los astilleros del Estado -pese a que estos vayan a ser más limitados de lo temido-, también lo es por sus razonamientos y por el propio proceso que desemboca en la misma. Y lo es aunque el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, pretenda justificarla en el estricto cumplimiento de la legislación de la UE y explicarla con que no deben ser los astilleros sino quienes financiaron los buques y se beneficiaron de las deducciones fiscales los que asuman la devolución de las ayudas. De hecho, el propio proceso desvela que esa misma legislación permite una opinión y la contraria por cuanto en él se ha contrastado la del actual comisario con la de su predecesora, la holandesa Nelly Kroes, que no contemplaba ilegalidad alguna. Y la resolución del colegio de comisarios contrasta también con la postura que ha mostrado Almunia, especialmente con su propuesta inicial, como si dependiera de una tirante negociación política y no del estricto cumplimiento de la legalidad que esgrime el comisario de la Competencia. Además, el dictamen se pretende salomónico al situar las ayudas a devolver desde 2007 -ni en 2005 como pretendía inicialmente Almunia ni en 2011 como defendía finalmente el sector naval, con lo que cabe preguntarse qué hubiese sucedido si la postura de Almunia hubiese sido menos inflexible-, con el argumento de que fue en 2007 cuando Bruselas declaró ilegal un sistema de ayudas francés similar al del Estado español. Justificación peregrina por cuanto otros sistemas de ayudas similares, que no idénticos, siguen funcionando. Y fácilmente recurrible desde el punto de vista jurídico, sobre todo si se considera que la queja formal ante la Comisión contra este tax lease se realizó en 2010, tres años después. Otra cosa es que el mismo Gobierno español que cometió la imprudencia de no solicitar la evaluación del sistema por la UE presente dicho recurso. En cualquier caso, situaría a la construcción naval en una arriesgada incertidumbre jurídica y financiera que restaría virtualidad al veto específico del dictamen al traslado por los financieros a los astilleros, "incluso mediante la aplicación de contratos vigentes", de la obligación de devolver las ayudas.