el anteproyecto de la nueva ley para el sector eléctrico aprobado ayer por el Consejo de Ministros con el pretendido objetivo de finalizar con el déficit tarifario no es, en realidad, sino una nueva y doble traslación de otra parte de ese déficit al bolsillo de los consumidores. Se trata de la segunda reforma legal en menos de un año -tras la aprobada con el mismo fin en septiembre de 2012-, de la tercera subida de la tarifa de la luz en año y medio -con una media del 3,2%- y supone un encarecimiento del recibo eléctrico que ya había experimentado una subida superior al 60% en esos últimos cinco años, triplicando el aumento medio en la Unión Europea y quintuplicando el de la zona euro en ese mismo periodo. Y además, el ciudadano -que ya paga la tercera electricidad más cara de Europa, sólo por debajo de Chipre e Irlanda- soporta una doble carga, pues no sólo compensará esta vez el déficit de tarifa vía factura al asumir los 900 millones de euros del aumento en los peajes que se trasladan directamente a los recibos, sino porque al mismo tiempo otros 900 millones serán detraídos de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los impuestos de los ciudadanos. Pero es que, por añadidura, el incremento de la tarifa eléctrica -que será efectivo posiblemente ya desde este próximo mes de agosto- incidirá directamente en dificultar la reactivación económica, toda vez que la energía es el segundo factor de coste de las empresas -el primero en algunos casos y especialmente en la industria- e incide directamente en su competitividad. Y, finalmente, que el Gobierno de Mariano Rajoy trate de justificar el anteproyecto en la pretensión de que únicamente se traslada al consumidor un tercio de la corrección del déficit de tarifa y que el resto repercutirá en las compañías eléctricas es casi tan obsceno como los niveles de beneficio que estas empresas mantienen. Aun más, la reforma contribuirá ahora a estos beneficios al primar de nuevo el sostenimiento de la energía nuclear con la eliminación de las primas a las renovables y los cierres temporales de las instalaciones de ciclo combinado. El déficit energético -cifrado en 26.000 millones en la actualidad- es en realidad un pozo sin fondo, consecuencia de las reformas emprendidas en las dos legislaturas del Gobierno de Aznar.
