para celebrar un reciente informe de Amnistía Internacional que alerta sobre la violación de derechos civiles, el abuso de los desahucios y los excesos de violencia policial en España, la policía detuvo la pasada semana en Madrid a dos informadores gráficos acusados de agresión por haber descubierto -dicen- a infiltrados en una manifestación y azuzado a los manifestantes para que fueran linchados. Dicen, insisto. Me gustaría ver las pruebas. Según declaraciones de los reporteros, los interrogatorios a los que fueron sometidos en dependencias policiales no versaron sobre las supuestas agresiones, sino sobre sus fotografías, ampliamente difundidas en prensa y en las redes sociales, un espacio éste que a quienes están en el Gobierno tampoco se les escapa tanto como pensamos.
En este país, la indefensión de los manifestantes -y no manifestantes- es absoluta. El mismo informe de Amnistía Internacional alerta de que las denuncias por abusos y violaciones de derechos elementales por parte de los uniformados dan en papel mojado. Encogimiento general de hombros.
Hace ya meses que se ve la intención gubernamental de recortar el derecho a la información y de atentar contra la libertad de expresión. Nos quieren sometidos y callados. De hecho, los informadores gráficos han supuesto un obstáculo para la represión policial, cuando menos en la medida en que ésta ha podido ser conocida, dentro y fuera del país. Me temo que la prohibición de tomar fotografías y de informar con apoyo documental es cuestión de tiempo. Ahora mismo, las imágenes de las actuaciones policiales son muy elocuentes y admiten mal la negación de los hechos, aunque queden impunes y sean amparadas de manera oficial y social. Si las imágenes de los reporteros gráficos fallasen, la información puede dar en la acusación de calumnia y otras, las que mejor les convenga porque la arbitrariedad es en esta materia absoluta, con la complacencia de una parte significativa de la población, insisto. La acusación en falso es un hecho, una lacra, una costumbre a la que el país se ha acomodado sin rechistar, o esa al menos es la sospecha que cunde y que debería ser disipada con algo más que con declaraciones huecas. Algo se mueve en la magistratura cuando desde Jueces para la Democracia se advierte de la seria devaluación democrática que padece el país.
El Ministerio de Fernández, el ministro de la porra -y a este paso de culto y clero- es el encargado de suministrar las noticias bomba de la semana, algo lógico en un Estado policial como es éste, en el que la democracia se ha devaluado a límites de caricatura. Y como es, con mucho, el más inepto del gabinete, pero el más resultón para los propósitos autoritarios del rajoyato, no se le ha ocurrido mejor cosa que declarar que el homenaje a la División Azul perpetrado por la delegada del Gobierno en Cataluña junto a la Guardia Civil se hizo en un "ambiente de reconciliación histórica". ¿Inepto o malicioso? Se puede ser las dos cosas ¿Conciliación de quién con quién? ¿Con los supervivientes de los campos de concentración nazis? ¿Con las víctimas del franquismo? Y no contento con esa afirmación estúpida y mendaz, dijo que protestar por algo tan evidente como un homenaje a tropas del ejército nazi es sembrar la discordia. ¿Discordia con quién? ¿Con los franquistas de pura cepa que no quieren verse alterados en su situación actual de privilegio?
Fernández pertenece a un partido preocupadísimo por no remover las cenizas del pasado y cuando no es en un lugar es en otro donde se obstaculizan e impiden homenajes o elementales tareas en pro de la verdad, la justicia y la reparación relacionadas con la herencia de la Guerra Civil.
A nadie puede extrañar que en este clima policiaco, el presidente de Gobierno (desautorizado de manera esperpéntica por un Aznar que salta al tablado a armar bulla) diga que "lo único que tengo que decir es que Franco está en la historia de España, que yo soy demócrata de convicción, lo he sido toda mi vida, lo ha sido mi familia y hemos tenido algunos problemas con esa persona que ha nombrado", como comentario a la propuesta de que el 18 de julio fuera declarado Día de la condena del franquismo. Más fácil resultaría que declararan ese día como de exaltación de la dictadura, aunque para qué, así lo viven, de ella viven. Esto al margen de que lo dicho por Rajoy es mentira, para variar, pues en la Red se encuentran datos clamorosos que prueban lo contrario: es un franquista de pura cepa, de auténtica casta autoritaria; como muchos otros.
A los del PP les preocupan las cenizas del pasado y también las del presente. Aquí todo es cuestión de cenizas y de no remover, porque el país, su economía, su verdadera trama social y laboral, se están reduciendo a eso, a cenizas. Un país donde está visto que como dice la copla burlesca, "roba el rey roba el papa, y sin robar nadie se escapa" o eso, porque el pozo negro es cada vez más hondo y notoriamente insuficiente. Es inútil airearlo, como es inútil remover cenizas que el barullo aventa.
Lo sucedido con Bankia, con el Bárcenas, con el Blesa, con los banqueros en general, los del poderoso dinero B, el que manejaba el PP, no ejemplifica otra cosa que el estado del saqueo nacional perpetrado por el partido en el gobierno y sus miembros. Lo negaron todo y la avalancha de pruebas en contrario empieza ser aplastante. No dan abasto, ya no saben ni negar. Se han forrado. Una bochornosa manera de enriquecerse propia de las fuinas, que alcanza de llenos a la familia real, por mucho que la fiscalía y otras instituciones lacayas de la monarquía se empeñen en desviar y diluir las acciones judiciales. Aburre leerlo, sí, cierto, mucho, y más aburre escribirlo, pero que no nos digan que nos hemos callado, que hemos transigido y admitido lo inadmisible. Porque lo peor que puede pasar es que nos acostumbremos con fatalismo a esta rutina mugrienta. Quienes ahora mismo detentan el poder cuentan con ese fatalismo, con esa impotencia ciudadana, cuentan con que parte de la ciudadanía está con aquellos que les maltratan, con el mejor no remover, ni el pasado ni el presente, nada, quietos, como muertos.
