araíz de la petición de prórroga de actividad de la central nuclear de Santa María de Garoña, hemos podido escuchar estos últimos días todo tipo de argumentos, tanto a favor como en contra de que esta vieja y cuestionada instalación continúe activa. En estos tiempos en los que la crisis sirve de excusa para todo tipo de tropelías, se nos ha intentado convencer de que no podemos prescindir de fuentes de energía en las que los costes de producción de electricidad son teóricamente más bajos que otros modelos. Nada se nos dice sobre las catastróficas consecuencias que a escala humana y medioambiental se sufrirían en Burgos o en Araba en caso de accidente, negligencia o fallo estructural, dada la antigüedad de la central y su diseño de primera generación.
Aunque se alega lo baratas que este tipo de instalaciones resultan como fuente de energía, el coste de la factura energética ha sufrido un incremento exponencial en los últimos años, al tiempo que los beneficios en las cuentas de resultados de las compañías eléctricas no paran de crecer auspiciados por los partidos gobernantes, algunos de cuyos miembros luego pasarían a ocupar asientos en los consejos de administración de las más importantes compañías eléctricas, engrasando así esas infames puertas giratorias que alimentan la corrupción ilegal o legal.
Además de que pueda no ser lícito, resulta inmoral que se permitan beneficios estratosféricos a compañías mientras existen miles de personas que sufren el corte de suministro eléctrico como una de las primeras medidas que se les aplica antes de ser expulsadas de sus viviendas.
La energía que generaba Garoña concurre conjuntamente con el proveniente de todas las fuentes de generación de electricidad en una opaca subasta en la que, mediante pujas, las propias empresas productoras fijan el precio que al final pagamos en nuestras facturas, propiciando un oligopolio. En ningún momento existe intervención alguna de los poderes públicos, dejándose un recurso estratégico como la energía totalmente a merced de la especulación.
Por suerte, la ciudadanía ha cogido la delantera a gobiernos e instituciones y se empiezan a conocer iniciativas para el consumo energético que, desafiando el oligopolio que padecemos e intentando aprovechar las estrechas grietas del sistema, acuden a esas subastas y exigen que la energía que allí adquieren provenga de fuentes renovables respetuosas con el medio ambiente. Resulta esperanzador comprobar cómo personas comprometidas se organizan en torno a estas experiencias de consumo -en la mayoría de casos cooperativas- para adquirir energía con certificado de procedencia renovable y con el compromiso añadido de generar a futuro la energía que consuman mediante fuentes renovables. Entre Garoña, el fracking o las autopistas de alta tensión, el actual modelo energético y de desarrollo está colocando a Araba y al planeta en su conjunto al borde del precipicio y del colapso. No se trata sólo de cerrar Garoña, sino de prescindir de la energía nuclear y de toda forma de energía no renovable, de reflexionar críticamente sobre los actuales niveles de consumo e iniciar sin más dilación la imprescindible transición hacia un modelo más justo y democrático, basado en el ahorro, las renovables, la eficiencia y la soberanía.