como es sabido, el escrache se extendió en Argentina durante los años 90. En esa década, altos cargos del régimen militar a los que el pueblo consideraba responsables de los abusos y desapariciones de miles de ciudadanos, y que habían sido indultados a partir de 1995 por el Gobierno de Carlos Menem, fueron el objetivo de protestas pacíficas frente a sus casas. Y fueron patéticas y obscenas las quejas de bastantes de esos militares criminales, quejándose amargamente de estar sufriendo acoso.

Salvando las distancias en cuanto a la naturaleza de las responsabilidades, algo así está ocurriendo en el Estado español: la inversión de los papeles. Los verdugos, culpables de haber arrojado a la calle a cientos de miles de familias por no haber cambiado a tiempo una ley hipotecaria centenaria, se consideran víctimas de los abucheos de grupos de mujeres y hombres que se oponen a los desahucios y defienden el derecho constitucional a una vivienda.

Tan evidente es que los verdugos no tienen razón que han comenzado a lanzar toda su artillería verbal, tachando de filoetarras a los practicantes del escrache, habida cuenta que ni ética, ni social, ni políticamente, pueden argumentar nada razonable a favor de dejar en la calle a decenas de miles de familias. Las insidias repetidas por Antonio Basagoiti sólo tienen como finalidad desacreditar a una valiente y solidaria ciudadanía que está sacando los colores a unos políticos que demuestran estar al servicio de los poderes financieros.

Es verdad que el escrache es un método delicado -desde luego legítimo- que conviene delimitarlo muy bien para evitar que minorías lo degraden y conviertan en una herramienta que se vuelva en contra del mismo movimiento. Por eso el decálogo hecho público por las plataformas Stop Desahucios es oportuno y clarifica la verdadera democrática intencionalidad de sus practicantes. No obstante soy partidario de que el escrache se realice solamente en lugares públicos, de ese modo se evita mejor prácticas indeseadas. Pero de ahí a desacreditar a las plataformas de Stop Desahucios va un mundo. Mejor harían los críticos en fijarse en los desmanes de los bancos y cajas, de las policías y de los políticos responsables de fondo de esta tragedia.

Lo que estamos viviendo en nuestros entornos y viendo en imágenes de televisión es un drama. Ver a policías pegar a mayores, niños y a gente inocente y ejemplarproduce asco. Tienen su coartada en la obediencia debida, pero esa justificación es lamentable pues convierte a los ejecutores en seres brutos que con frecuencia exhiben un celo propio de quien ejerce un poder gozoso. Detrás de sus actuaciones hay políticos que los utilizan y garantizan su impunidad llegado el caso. Sobre éstos hay que centrar las grandes responsabilidades de cuanto está ocurriendo. Por eso el escrache es justo y necesario. De hecho este tipo de prácticas está canalizando la rabia de mucha gente que de otro modo podría actuar sin control. Porque motivos para una rebelión social hay de sobra. En realidad, resulta hasta chocante que no se hayan producido estallidos por distintos territorios.

A la campaña contra los escrache se han sumado fiscales. Que por cierto son demasiadas veces el brazo judicial de gobiernos y partidos políticos. Es patético su celo de protección de los políticos, cuando miran para otro lado ante imágenes sangrantes de ancianos y menores aporreados, sacados de sus domicilios por la fuerza bruta.

A decir verdad, buena parte de los políticos en el Estado español merecen se abucheados, reprobados, silbados, burlados o abroncados. Viven de ser obedientes al voto disciplinado del partido, de repetir el carrete de argumentos que reciben en circulares partidarias para que no se despisten en sus declaraciones, incumplen sus promesas electorales, cobran demasiado para lo que hacen, no están en las calles en contacto directo con la gente, no escuchan las voces ni siquiera de sus votantes para no moverse de la foto y no dimiten nunca. Con las instituciones políticas que tenemos llenas de incompetentes, ahora resulta que el problema está en la ciudadanía que se mueve, protesta y exige que se cumpla la Constitución en su artículo 47 sobre el derecho a una vivienda digna. Claro que a este artículo parece faltarle una coletilla que diga, "siempre y cuando los bancos no digan lo contrario, en cuyo caso prevalecerán sus intereses".

Así estamos, con unos políticos que por fin van a reformar la ley, maquillándola, muy lejos de la propuesta presentada por Stop Desahucios con un millón y medio de firmas, no vaya a ser que los bancos se molesten. O sea, unos pocos cambios para seguir igual. Lo que se va hacer en el Parlamento español sí que es un escrache canalla.