la decisión del Tribunal Constitucional portugués de considerar ilegal la decisión del Gobierno de Pedro Passos Coelho de retirar la paga extra de verano a funcionarios y pensionistas, así como de rebajar los subsidios de desempleo y enfermedad, ha situado al Ejecutivo luso entre la espada de la presión de la troika y la UE en el cumplimiento de los objetivos del déficit y la pared de las protestas callejeras ante los continuos recortes que esa contención presupuestaria provoca. Pero también ha abierto un debate sobre la legitimidad del alto tribunal -y en general de la Justicia- para cuestionar, en base a principios constitucionales, decisiones soberanas del Legislativo como representante de la voluntad popular. No cabe olvidar que fue el propio Parlamento portugués, salido de unas elecciones hace menos de dos años, el que refrendó la medida impulsada por el Gobierno de Passos Coelho. Tampoco que esta resolución era parte de la obligada respuesta que Portugal debe dar a la ayuda internacional de 78.000 millones comprometida en 2011 en un acuerdo rubricado por el socialista José Sócrates, entonces primer ministro y hoy contrario a estos recortes. Como que en cualquier caso, el Ejecutivo luso deberá rebajar de sus gastos -en este caso en educación, sanidad o prestaciones sociales- los 1.350 millones que pretendía obtener de la retirada de la paga extra. Sin embargo, sin necesidad de remontarse a la Ley Habilitante aprobada por el Reichstag alemán en 1933, que cercenó derechos fundamentales y permitió la instauración del régimen nazi, cabe preguntarse hasta qué punto un ejecutivo y un parlamento pueden legislar, en virtud de una conyuntura económica, en contra de principios democráticos, libertades y derechos largamente asentados en la sociedad o pueden hacerlo, aun apoyados en una clara mayoría representativa, pese a la evidente desigualdad de generalizar el perjuicio para beneficio de una minoría. Conviene tenerlo en cuenta porque el caso de Portugal, además, no es aislado. Su situación -rondará el 20% de paro este año y cerró 2012 con un déficit del 6,6% del PIB- y la española no son tan dispares y el Tribunal Constitucional también debe pronunciarse en Madrid respecto a una cuestión similar.
