lA resistencia numantina de la presidenta navarra Yolanda Barcina a asumir responsabilidades políticas por su participación en el escandaloso sistema de reparto de dietas en los órganos de Caja Navarra es inútil. Ni siquiera su torpe petición de perdón tiene posibilidad alguna de enterrar el malestar de una sociedad cada vez más harta por la corrupción de sus políticos. Ni su maniobra de última hora de anunciar que devolvía las dietas cobradas de Can para recuperar posiciones. Al actual Gobierno de UPN se le ha terminado el tiempo. Es cierto que hay en Navarra poderosos poderes fácticos conservadores -y otros clientelares- que se resisten a aceptar que el régimen de las últimas décadas, del que unos y otros se han beneficiado, ha llegado a su fin. No es sólo el agotamiento político de un sistema que en realidad nunca ha sido capaz de representar al conjunto de la sociedad navarra. Ahora también es la evidencia de su incapacidad para atender las necesidades y demandas de los ciudadanos a la hora de plantear una respuesta eficaz y propia a las consecuencias de la crisis económica. Y, sobre todo, la constatación de que ese régimen priorizaba sistemáticamente la atención a determinados intereses particulares -incluidos los personales de los dirigentes políticos que lo controlaban y gestionaban- a los intereses generales de Navarra. Cada información publicada y cada respuesta de esa pequeña élite de privilegiados intentando justificar lo imposible tan sólo describe un panorama desolador de inutilidad, ineficacia y fraude democrático. El intento de Barcina de aferrarse al sillón no tiene recorrido. Es impensable que quienes han protagonizado este despropósito en el pasado puedan gestionar el futuro. A estas alturas del escándalo, las salidas dignas están ya muy limitadas: Barcina debe dimitir de su cargo de presidenta del Gobierno de Navarra porque no tiene respaldo político alguno. Ella y Miguel Sanz deben devolver esas decenas de miles de euros, algo que el ex presidente se compromete a hacer, al menos en parte. Y se deben convocar nuevas elecciones para conformar un Parlamento que sustituya al actual, lastrado por la evidencia de que el modelo UPN-PSN ha vuelto a ser, como en ocasiones anteriores, un foco de reparto de prebendas, falsedades y despilfarro de recursos públicos.
