la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy utilice hoy el último Consejo de Ministros del año para ajustar la reforma de las pensiones que aprobó el gabinete de Zapatero antes de que entre en vigor este próximo día 1 supondrá en la práctica el tercer cambio que, de una forma cada vez más restrictiva, afecta a la jubilación en el Estado español en apenas año y medio, a lo que se suma además que la reforma laboral en vigor desde hace seis meses ya modificó el carácter obligatorio del retiro profesional para hacerlo voluntario. Tamaña volatilidad normativa tiene su origen en el recurrente análisis de la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social desde presunciones meramente ideológicas y con objetivos a corto plazo, aunque utilizando para ello horizontes apocalípticos a medio o largo. Esta contrarreforma se genera además fuera del Pacto de Toledo, el marco de consenso obligatorio acordado para cualquier modificación que afecte a las pensiones, y constituye un nuevo incumplimiento flagrante de las posiciones que sigue defendiendo públicamente el Gobierno del PP. El argumentario esgrimido para justificar un continuo retraso de la edad mínima de jubilación falta a la verdad y acusa gratuitamente al ciudadano al alegar falsamente una supuesta práctica abusiva del retiro anticipado. El propio Ecofin ha situado la edad real de acceso a la jubilación en el Estado español en los 63,8 años, ya hoy una de las más elevadas de toda la Unión Europea. Lo que se pretende, en realidad, es conjugar ese retraso con la aplicación de la voluntariedad de la jubilación y llevar la precarización del mercado de trabajo que afecta a los primeros años de empleo también a quienes están cerca de completar la vida laboral. Y una vez más, como ha llegado a admitir el propio secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, con el único fin de "aplicar las recomendaciones de la UE", surgidas de la teórica necesidad del Estado de priorizar la reducción del déficit y de las condiciones impuestas por las ayudas -que empiezan a temerse fallidas en algunas casos- al sistema financiero español. Sin embargo, esta presión recae de nuevo en las capas sociales más afectadas por la crisis, en este caso parados de más de 50 años y prejubilados.