en este país desde 1978 han subsistido dos demandas irredentas de ruptura constituyente: la que trabaja por la República y la que exige el derecho de autodeterminación. El 15-M nació al margen de esas dos demandas y, pese a que su grito de no nos representan atrae simpatías de todo tipo, en su origen apuntaba a una denuncia contra la corrupción, el bipartidismo y el sometimiento de las instituciones públicas a los mercados y las finanzas. No cuestionaba la Constitución ni las instituciones derivadas de ella, pero sí exigía reformas de calado en la transparencia política, en la representatividad y en la participación popular. Pero el 15-M también ha sufrido derrotas.
Las últimas elecciones generales celebradas hace ahora un año arrojaron una abrumadora mayoría a favor del PP, obtenida no por méritos propios, sino por desafección de la ciudadanía hacia el otro. Transcurrido más de un año, esta mayoría está absolutamente contestada por la sociedad. Nunca ha estado más vigente el no nos representan. La monarquía también ha consumado su descrédito institucional y lo mismo podemos decir del poder judicial.
No hay salida a la crisis económica que no pase por romper el marco institucional. No hay Hollande, salvo para el que quiera volver a engañarse en unas nuevas elecciones bipartidistas.
Es indudable que la prosperidad económica no será posible sin alimentar la demanda, pero la única demanda susceptible de ser alimentada es la que se derive de una redistribución de la riqueza. La única salida técnica a la crisis es, también, la única salida justa: rescatar a los ciudadanos y no a la banca. Y para eso, el marco institucional se levanta como la barrera definitiva.
Felipe Martín
