el unánime rechazo de la oposición en el Congreso de los Diputados al decreto ley por el que Mariano Rajoy anula la revalorización de las pensiones y el anuncio de recurso contra el mismo ante el Tribunal Constitucional; la resistencia y denuncias desde el ámbito sanitario a las diferentes formas de copago que impulsa el Gobierno de la derecha en la sanidad pública; la consideración por parte del propio Consejo del Poder Judicial de la posible inconstitucionalidad de la regresión del Código Penal impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; las denuncias de la rancia españolización y vulneración de las salvaguardas competenciales que encierra la reforma que ha preparado su homólogo de Educación, José Ignacio Wert; la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por las fuerzas sindicales a la ya vigente reforma laboral... además de un sinfín de medidas que atentan contra los "principios rectores de la política social y económica" que la Carta Magna estipula en su capítulo III, reflejan la involución emprendida por el PP. No se trata únicamente de que el decreto de las pensiones ponga en cuestión el artículo 50 de la Constitución y la obligación de actualizar y garantizar la suficiencia económica de la tercera edad; ni de que la reforma laboral lo haga con el artículo 40, ni que el copago sanitario bordee el artículo 43 por el que competen a los poderes públicos las prestaciones y servicios necesarios para la protección de la salud, ni que el nuevo Código Penal destruya el principio penitanciario básico -contemplado en el artículo 25- por el que las penas deben orientarse a la reinserción social, ni que la ley de ejecución hipotecaria ignore el artículo 47 y el derecho a una vivienda digna o que se anule el amparo que el artículo 49 otorga a los dependientes. Se trata de que el PP, a través de la misma normativa básica y decretos leyes con que los sucesivos ejecutivos españoles han venido cercenando el autogobierno de las comunidades históricas -de modo evidente en lo que se refiere a Euskadi-, está situando ahora al Estado, aun a falta de que las sentencias del TC confirmen los incumplientos, al margen de los derechos y deberes que la propia Constitución estipula. Es decir, en la aconstitucionalidad.
