Las elecciones al Parlament que se celebran mañana en Catalunya sobrepasan el ámbito de la representación parlamentaria y su traducción a la gobernabilidad para alcanzar características plebiscitarias respecto al futuro de la nación catalana y su relación con el Estado español. Lo hacen incluso desde antes de su convocatoria, que se relaciona con el impulso de la multitudinaria manifestación independentista de la Diada del 11 de septiembre pero que es consecuencia directa -aunque no última- de un proceso mucho más prolongado que ha enraizado profundamente en la sociedad catalana. El crecimiento del apoyo a la independencia, que se ha duplicado en cinco años, las expectativas de un Parlament netamente soberanista -la suma de escaños nacionalistas superará el 60%- y la debacle de los dos grandes partidos estatales que muestran las encuestas son respuesta a la continua negativa del Estado español a las ofertas de convivencia lanzadas desde Catalunya pero también al rechazo de los mecanismos planteados para corregir las dificultades socioeconomícas del país y, en consecuencia, reparar el extendido sentimiento de expolio que ha alcanzado a todos los sectores y ámbitos de la sociedad catalana hasta amalgamar en una reivindicación conjunta a independentistas, soberanistas y catalanistas. Porque no se trata de identidad, o no sólo de identidad; sino de que la actitud del Estado ha reforzado ese sentimiento de pertenencia socio-cultural, ese constatarse diferentes, con la sensación de desprecio que se intuye en la tutela estatal y que también se conoce y se padece en Euskadi. El último ataque político-mediático a Artur Mas, además de reflejar el temor (y la impotencia) de las estructuras del Estado ante los previsibles resultados de las elecciones de mañana -recordando otros episodios relacionados con las similares aspiraciones vascas-, es en ese sentido la amarga guinda de una serie de afrentas que han incluido el absoluto absurdo antidemocrático de ignorar primero la palabra dada y alterar después, por un errado patriotismo uniformador español, las decisiones tomadas mayoritariamente en el propio Parlament y refrendadas por la sociedad catalana en cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente.