LA huelga de los funcionarios municipales afronta sus últimas 48 horas y, a falta de un balance final, hay algunas conclusiones que sí comienzan ya a perfilarse. La incidencia ha sido desigual entre servicios y entre jornadas, aunque las protestas han logrado cerrar algunos centros cívicos o se hayan tenido que suspender algunas funciones en el Principal. Seguramente, el paro ha cumplido su objetivo de llamar la atención de la ciudadanía sobre el malestar que viene arrastrando la plantilla municipal desde hace tiempo -sólo hay que recordar otros conflictos de los últimos años en la Policía Municipal o en las escuelas infantiles-, paro que la sociedad gasteiztarra ha acogido entre la resignación y hasta cierta compresión, seguramente también porque el comité ha evitado incidir en servicios básicos, pese al interés de algunas instancias por intentar trasladar una explosión de enojo social contra los funcionarios. Asimismo, es cierto que la representatividad de los sindicatos se ha puesto en duda en los últimos tiempos a consecuencia del seguimiento parcial de las últimas huelgas generales y, en este apartado, harían bien las centrales en analizar sus modos de actuar: hay trabajadores municipales molestos por haberse enterado de los diversos actos de protesta a través de la prensa porque, afirman, el comité sólo ha informado directamente a aquellos empleados con funciones claves para el mantenimiento de los servicios sobre los que se intentaba incidir. En cualquier caso, ésta ha sido, por un lado, una buena ocasión para intentar recuperar el pulso sindical en el sector público y, por otro, la proximidad de las elecciones municipales ha introducido un factor añadido en el interés por ahondar en el desgaste del gobierno de Patxi Lazcoz. Pero ninguno de estos elementos debe ser excusa para eludir el fondo de la cuestión: los temas en controversia pueden ser discutibles -sea la reducción de los salarios públicos o incluso de los complementos de las bajas desde el primer día- pero lo que subyace es un debate mucho más trascendente. Es si la respuesta de las Administraciones ante una crisis de la magnitud de la actual, con los desplomes recaudatorios y las apreturas financieras de los ayuntamientos, debe de ser la de rebajar las condiciones laborales de los funcionarios y de la propia atención a la ciudadanía, repercutiendo en la calidad de los servicios públicos.