El proyecto de la Ley de Vivienda de los socialistas vuelve a incluir -como el que propuso Madrazo- la opción de que la administración pueda expropiar pisos de VPO en casos de fraudes probados o si los adjudicatarios cambian sustancialmente las condiciones por las que accedieron al sorteo. La medida es ciertamente espinosa y algunas formaciones como PP y PNV o ciertas voces delsector inmobiliario se han apresurado a echarse las manos a la cabeza, tildando la medida de inviable, demagógica o peligrosa, entre otros argumentos.

En realidad, lo que creo que escuece es que se ponga en cuestión el sacro derecho a la propiedad inmobiliaria -aunque sea de vivienda pública, pagada con ayudas públicas- en función del interés general, porque una vez que se abre esa espita, los detractores de la medida temen hasta dónde puede llegar.

Quizás sea demagógica o difícil de aplicar, de acuerdo, pero yo animaría al Gobierno a que siga adelante con la medida.