nuclenor, la empresa que gestiona la central de Santa María de Garoña, dio ayer por hecho que la actividad de la planta nuclear colindante con Álava prolongará su actividad hasta 2019, es decir, hasta cumplir precisamente la década que había pedido la compañía cuando solicitó la última prórroga en 2009 y seis años más allá del plazo que puso el propio Zapatero al conceder la ampliación de la licencia. Y la seguridad que muestra la empresa en que podrá alargar la explotación de Garoña más allá de 2013 -sobrepasando incluso el máximo de 40 años de vida útil para las nucleares una vez que se derogue este límite legal- es verosímil por el nuevo titubeo que mostró anteayer el presidente socialista en el Congreso de los Diputados ante un incisivo y hábil Rajoy, que carece de complejos para defender la energía nuclear y se valió de las contradicciones de su adversario en este terreno. Ante las preguntas concretas del líder popular, el jefe del Ejecutivo volvió al discurso esquivo y ambiguo en el que se entrampó hace ahora año y medio, antes de decidir sobre la prórroga de Garoña, atrapado entre el propio compromiso electoral del PSOE para cerrar las centrales nucleares más antiguas -y la burgalesa es la decana- y las fuertes presiones de la industria eléctrica. Al aprobar una prórroga parcial hasta 2013, adoptó entonces una decisión salomónica que no contentó ni a los sectores ecologistas de su propio partido o de sus caladeros electorales más izquierdistas ni a las poderosas eléctricas, entusiastas defensoras de la apuesta nuclear ante las necesidades acuciadas por la crisis económica y escudándose en la inmadurez, hoy por hoy, y el alto coste de las energías alternativas. "Se puede cambiar de criterio en función de las circunstancias", afirma ahora un vacilante Zapatero, más vulnerable que hace dos años ante los lobbies de la industria y más necesitado de realizar equilibrios parlamentarios. Aunque el debate sobre la energía nuclear se ha matizado considerablemente en la opinión pública durante las últimas décadas, la sensibilidad de la sociedad alavesa se mantiene a flor de piel ante el futuro de la vetusta Garoña y el Gobierno socialista, lejos de encauzar el debate, sólo contribuye a generar más incertidumbre cada vez que habla.
