Cuando hablamos de la calidad de vida como uno de los valores más destacados de Vitoria-Gasteiz, a veces parece transmitirse la idea de que este bienestar es directamente achacable a la denodada labor de los gobernantes. Es muy tentador para determinados políticos atribuirse la totalidad de un pastel del que, probablemente, no les corresponde más que una pequeña parte. Digo esto porque nuestra ciudad no sería lo que es sin muchas asociaciones, muchos colectivos basados en el trabajo voluntario de miles de ciudadanas y ciudadanos que buscan una vida más digna para quienes tienen menos oportunidades. ¿Se ha parado alguien a pensar en la estructura administrativa necesaria para cubrir desde el Ayuntamiento todo el trabajo que desarrollan las asociaciones?
Por ello, la primera obligación de las instituciones con los colectivos sociales es el agradecimiento. La segunda, el máximo respeto. La tercera, la colaboración en todos aquellos proyectos que, desde la capacidad económica existente, satisfagan el interés público. ¿Se puede alguien creer que exista un gobernante capaz de pisotear estos tres principios de una tacada? Pues resulta que sí. Esta misma semana lo ha hecho el equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Estos días han acudido a la Casa Consistorial tres asociaciones con el mismo problema. Tres colectivos que simplemente reclaman a la institución más cercana a la ciudadanía locales que se adapten a sus necesidades. No reclaman ayudas económicas que profesionalicen su actividad, ni subvenciones para proyectos que nada tengan que ver con su fin social. Sólo piden una infraestructura básica para desarrollar una labor de atención que no tiene precio.
Estas personas le presentan al gobierno socialista todo un catálogo de penurias: la falta de privacidad para atender situaciones delicadas, la precariedad de tener que compartir aseos sin agua caliente, las barreras que impiden acudir a una reunión a quienes van en silla de ruedas,... Son peticiones que vienen del año 2007 en algunos casos. Son ya más de mil días de penuria cuyo relato nos impacta a los concejales de la oposición y a los periodistas.
¿Cuál es la reacción del gabinete Lazcoz ante las demandas de estas asociaciones? Ni agradecimiento, ni respeto, ni ayuda. Se limita a mirar para otro lado. Tiene delante a padres y madres que sufren cada día por no poder atender debidamente a sus hijos y la respuesta que les da es que tienen que cumplir extraños requisitos y ajustarse a desconocidas convocatorias.
¿Por qué determinados colectivos cuentan con un baremo justo y equilibrado a hora de recibir ayuda municipal y otros llevan años a la espera de un espacio digno? Para resolver esta diferencia de trato vergonzosa impulsamos en el Ayuntamiento una moción que planteaba la realización de un baremo objetivo a la hora de conceder locales a asociaciones. Desde los principios de la equidad y la libre concurrencia reclamábamos que se facilitara el acceso a los locales municipales a quienes más los necesitan. Aquel consenso se alcanzó en 2009 y todavía estamos esperando la aplicación real de un baremo de acceso a equipamientos municipales.
Se trata de un techo, un techo de los muchos que tiene el Ayuntamiento en las casas de asociaciones, en las lonjas municipales de los nuevos barrios, en tantos espacios infrautilizados. Se trata de un hueco digno y un criterio sensato a la hora de cederlo. Porque el calor humano ya lo ponen ellos. Porque los problemas ya los traen incorporados. Porque no pueden esperar más de un gobernante insensible.