EL Gobierno Vasco ya tiene preparado el anteproyecto de ley vasca de vivienda. Es un boceto de contenido ambicioso que tendrá que recorrer durante este año no sólo la negociación con los partidos representados en el Parlamento, sino asumir también un necesario pacto con los ayuntamientos, además de quedar abierto al debate ciudadano y a la aportación de ideas a través de Internet. El detalle más llamativo de este borrador tiene que ver con el derecho subjetivo a la vivienda, "exigible ante los tribunales para aquellas personas con mayores dificultades de acceso", tal como afirmó ayer, no sin cierta grandilocuencia, el consejero Iñaki Arriola. Pero el anteproyecto va más allá: propone gravar u obligar al alquiler a los dueños de pisos que se mantengan vacíos sin causa justificada durante dos años, expropiar viviendas protegidas en condiciones excepcionales y regular la intervención en rehabilitación y regeneración urbana. A vuela pluma, el anteproyecto cumple con las características que cabría esperar de un gabinete socialista, más allá de que esté apoyado por un partido conservador como el PP; sin embargo, las condiciones que siembra a lo largo del texto deslucen esta primera impresión y el recorrido que tendrá que realizar durante el año hasta llegar al Consejo de Gobierno, previsiblemente en diciembre, acabará por reducir el carácter más o menos innovador del que ahora puede presumir. En el caso de la reclamación del derecho a una vivienda, los solicitantes tendrán que cumplir cuatro años en Etxebide y tener unos ingresos no superiores a 15.000 euros para familias de tres o más miembros, 12.000 para familias de dos y 9.000 en los casos individuales; se trata de una espera excesiva y una baremación un tanto alejada de la realidad: vivir es más caro. En cuanto al canon o alquiler forzoso a las viviendas vacías, una propuesta que ya intentó sin éxito Javier Madrazo, se reduce a un gravamen poco convincente de 10 euros anuales por metro cuadrado, amén de las numerosas maneras que tendrán los dueños para justificar la no ocupación de la vivienda. En resumen, el PSE lanza un brindis al sol a sabiendas de que será pulido por su socio preferente, en un intento loable pero vano por mantener el carácter progresista en el espinoso ámbito de la vivienda.