El Gobierno no quiere subir impuestos a grandes fortunas y rentas de capital; tampoco perseguir el fraude fiscal y en pensiones, ni ponerse a dieta con su administración, ni ayunar de hormigón... pues los ricos son sus grandes torrentes de IVA. Para conseguir su ajuste presupuestario tiene a los más desfavorecidos y los que sostienen ese pesado tablado institucional.

Medidas coyunturales a las que los sindicatos solo hacen ruido intermitente, cuando la falta de convergencia con la UE-15 en materias de verdadero calado socioeconómico hace años debía ser un trueno incesante.

En la cola en Salario Mínimo Interprofesional, obliga mantener bajos los techos de prestaciones y bienestar social. Este déficit estructural imposibilita conciliar vida laboral y familiar, agravado por la nula ayuda a estas. Le sigue el problema de acceso a vivienda de alquiler social, máxime teniendo 4 millones de pisos vacíos. No es justo tener un SMI mitad que Francia (de 1.360 euros al mes) y otros 5 países de menor PIB, pagando más caro los servicios públicos y muchos productos básicos de primera necesidad: vivienda, guarderías, Internet, alimentación, teléfono, consultas privadas, gastos bancarios e hipotecarios...

Estas carencias democráticas en lo económico han forzado al Consejo de Europa a denunciar como "manifiestamente injusto" el SMI español (640 euros mensuales), reiterando que es uno de los siete incumplimientos del Estado en esta materia.

La consejera vasca Gemma Zabaleta, tan celosa en la aplicación de la ley a colectivos precarizados, calla los incumplimientos de su gobierno, sabiendo que si hubiesen alcanzado esos parámetros de convergencia recogidos en la Carta Social Europea, los 6.200 que ha dejado en cueros de la noche a la mañana no hubiesen necesitado su caridad ni hubiesen sufrido su rigidez.