ES incuestionable que la Administración ha de ser firme a la hora de exigir que la ciudadanía cumpla la ley. Parece lógico que, en este caso, el Gobierno Vasco vigile que los perceptores de ayudas sociales -88.000 según sus datos- cumplan los requisitos establecidos, más que nada porque los recursos no son infinitos y además de ilegal sería injusto e inmoral que alguien que no lo necesita se beneficie de una ayuda mientras otro más acuciado se queda sin ella. En teoría se sostiene la cruzada emprendida por el Departamento de Gem-ma Zabaleta para detectar el fraude entre los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, la Prestación Complementaria de Vivienda y la Ayuda de Emergencia Social. Pero luego llega la realidad. Y la realidad, como ayer volvía a subrayar Cáritas en Álava, no sólo revela una sociedad con bolsas de pobreza cada vez más grandes -las prestaciones económicas concedidas por esta organización se han cuadruplicado este año en relación a la situación previa al estallido de la crisis-, sino también la hipocresía que supone para esa misma sociedad y para sus administraciones mirar hacia otro lado. El 20% de los perceptores de AES en Euskadi son inmigrantes; por cierto, ni de lejos esas masas ingentes que, según argumentarios populistas y en muchos casos rayanos la xenofobia, están poco menos que robando los servicios públicos a los de aquí. Y ese colectivo será -subraya Cáritas- uno de los más perjudicados por la medida del Ejecutivo vasco, entre otras cosas porque es uno de los grupos más débiles y porque en muchos casos su situación no está legalizada, lo que les aboca a ser expedientados. Esa bajada a la realidad también revela, como ayer apuntaban el diputado general Xabier Agirre y el alcalde Patxi Lazcoz, que los 810 casos de irregularidad detectados en Álava por el Gobierno Vasco, entre el primer paquete de 20.000 examinados, no tienen por qué estar incumpliendo la legalidad. Por tanto, la vigilancia del fraude en este ámbito es imprescindible, pero también lo es en otros muchos, donde lo defraudado supera ampliamente a las cuantías de las ayudas sociales y podrían ser una excelente fuente de ingresos para conseguir que aquellos que se quedan fuera del modelo tipo de perceptor por su propia situación de exclusión tengan acceso a esas ayudas.