SI algo ha caracterizado nuestra historia contemporánea, es el enorme número de constituciones aprobadas y la enorme intervención de los militares en la política; de hecho se han intentado producir desde 1808, doscientos planes de golpe de estado, de los cuales más de cuarenta han tenido cierta envergadura.
La primera constitución fue la Pepa, de marcado carácter centralista a imitación de las francesas. En ella se establecía la monarquía como forma de régimen, la división de poderes, una sola cámara de representación, el sufragio universal masculino y la confesionalidad del estado, pero debido a la oposición de Fernando VII sólo estuvo en vigor seis años.
Con la muerte de éste, la Regencia tuvo que buscar apoyo en los liberales moderados, ya que la creación de la Junta de Fomento, el Código de Comercio y la Bolsa de Madrid durante la década ominosa, alejaron a los realistas exaltados de la familia real, llevando a éstos a buscar a un nuevo líder en el infante don Carlos. Así se creo el Estatuto de 1834, que establecía que la soberanía recaía en el rey, el cual concedía a sus súbditos dos cámaras, a las cuales se podía votar y tener acceso, si se disponía de una renta anual de 60.000 reales o se era miembro de la alta nobleza.
Esto provoco que los progresistas derribaran a Martínez de la Rosa y promulgaron una nueva constitución. En la cual se establecían dos cámaras, las cuales no se podían reunir si el rey no lo permitía con anterioridad.
Los moderados volvieron al poder, creando la de 1845, la cual marcaba la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, el jefe de estado nombraba el Senado, los ayuntamientos perdían competencias y el estado sería confesional. Duró 24 años y las dos grandes causas que acabaron con ella fueron la intervención de Isabel II en la política y el estallido de una gran epidemia de cólera. Así se redactaría una nueva constitución en 1869, que propugnaba el sufragio universal masculino, establecía una monarquía constitucional para la cual hubo que buscar rey (Amadeo I), provocando la pérdida de entusiasmo popular.
El abandono del nuevo rey hizo proclamar la Primera República, que por desgracia acabaría siendo una sucesión de gobiernos débiles e inestables, que tuvieron que enfrentarse a nada menos que a tres guerras simultáneas, el general Serrano intervino ante el miedo a una izquierdización del Gobierno y zanjó el problema cantonal, pero no pudo poner fin al problema carlista, ni a la guerra de Cuba.
Así nacería la carta magna de 1876, que garantizaba el bipartidismo; así cuando un gobierno perdía la confianza de la burguesía o la aristocracia se llamaba al otro grupo de poder desde la jefatura de Estado, se hacían elecciones, ganando siempre el partido que las convocaba, repartiéndose entre ambos el 90% de los parlamentarios.
La derrota frente a EEUU en 1898, haría que este sistema ya en entredicho cayera, volviendo a la arena política la intervención de los militares en la vida pública y a la persecución de comunistas y anarquistas. Tras su dimisión, le sustituyó Berenguer que fracasó en su intento de dar el salto a la democracia y luego el almirante Aznar, que convocó elecciones municipales, resultando ganadora la opción republicana en las ciudades, que eran el único lugar donde los caciques no mandaban.
A partir de ese momento, se creará la constitución más progresista de nuestra historia, la de 1931 que establecía la separación entre Iglesia y Estado, la bandera tricolor, el sufragio universal, libertad de partidos, individual, de prensa y de culto, aparte de permitir a las mujeres el desempeño de cargos públicos. Durante este periodo se reconocería el derecho al aborto y al divorcio, se crearían los cementerios civiles, se daría el sufragio a las mujeres, convirtiendo a España en el estado mas avanzado en temas de protección social y se creo el embrión del estado de las autonomías, las derechas en el bienio negro trataron de echar por tierra toda esta legislación y las izquierdas no respondieron de forma adecuada. En las siguientes elecciones volverían a ganar las izquierdas coaligadas en el Frente Popular.
El 18 de julio de 1936, el Gobierno de la república sufrió un golpe de estado apoyado por los sectores más reaccionarios del Ejército, construyendo un estado fascista con una violación de los derechos humanos sistemática y continuada. El estado perdió un total de 937.000 personas, eso sin contar las migraciones y las pérdidas por natalidad, la economía española fue la economía europea que más le costó recuperar los índices económicos prebélicos y las lenguas minorizadas fueron prohibidas. En un primer momento se siguió una economía de autarquía, a posteriori se modifico pasando a una economía capitalista que aprovechara el boom de la edad del oro (1945-1973), el país dejó de tener una economía eminentemente agrícola para pasar a una industrial, lo cual fue usado por el régimen como factor de legitimación, a pesar de que entre 1936 y 1977, el Estado había perdido convergencia económica respecto a Europa.
Al final las propias cortes franquistas, ante la presión popular, se hicieron el harakiri, convocando un referéndum sobre la reforma política, aprobada por el 94% de los electores, con lo que se procedió a convocar cortes constituyentes, las cuales aprobarían la primera carta magna consensuada de nuestra historia.
Pero hoy más de treinta años después, cabe preguntarse que se celebra el 6 de diciembre, puesto que tanto el PSOE como el PP, que se dicen los grandes defensores de la misma, no hacen sino incumplirla de manera sistemática.
Y es que la Constitución, establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas, sin embargo el escaño en el Congreso de los Diputados por parte de los grandes partidos se obtiene a partir de 65.000 votos, mientras un diputado de izquierdas cuesta medio millón.
Pero los incumplimientos también abarcan temas sociales, puesto que el Art. 47 dice que todos tenemos el derecho una vivienda digna, lo cual hoy brilla por su ausencia salvo en Marinaleda, también se afirma que la ciudadanía tiene el derecho a una fuerte protección social y a una política fiscal progresiva, sin embargo el gasto social está a la misma distancia de Europa, que al final de la dictadura, en otras palabras a siete puntos de la media comunitaria y la progresividad fiscal no anda mejor, puesto que un trabajador industrial tributa el 78% de su homólogo sueco, frente al empresario que lo hace al 48%.
Aunque eso sí, tanto a la derecha como el PSOE coinciden en cambiar la constitución para que Leonor pueda reinar, pero a ninguno de los dos se les ocurre cambiarla para prohibir la pena de muerte, que en materia militar estuvo vigente hasta el año 95, y es que está visto, que donde manda patrón no manda marinero.