El pasado 16 de noviembre conpareció ante el Parlamento Vasco para hablar de Iruña-Veleia la ya ex diputada alavesa de Cultura y Euskara Lorena López de Lacalle y minutos antes había finalizado la comparecencia de los dos firmantes de este artículo, en nombre de la Plataforma SOS Iruña-Veleia. Quisieramos agradecer la gentileza del presidente y del resto de miembros de la comisión parlamentaria por haber permitido exponer las diversas posturas y socializar un poco más este espinoso asunto.

La diputada esgrimió de salida su argumento estrella, el caso Cerdán. Dijo que Lurmen avaló los descubrimientos con unos análisis de laboratorio que nunca se llevaron a cabo. Es razonable que a día de hoy existan dudas sobre su realización. Pero díficilmente la supuesta falsedad de un estudio puede ser un argumento para no realizar nuevos estudios. La no existencia de unos análisis fiables es una buena razón para realizarlos. También afirmó que Rubén Cerdán era miembro de Lurmen, cosa que no es cierta, ya que nunca formó parte de la plantilla de dicha empresa. Además, había trabajado anteriormente en varios proyectos de la Diputación, por ejemplo sobre el ámbar de Peñacerrada, y fue precisamente esta institución la que les puso en contacto.

Pero donde, a nuestro entender, la diputada incurrió en difamación grave fue cuando dijo que la Diputación pagó 12.500 euros al ex director de Iruña-Veleia por los análisis que, supuestamente, probaban la autenticidad de los hallazgos "y que ni siquiera llegaron a hacerse". Todo parece valer para enlodar a Eliseo Gil. Ella sabe de primera mano que no es así, ya que existen facturas y documentos que avalan que Lurmen reenvió el importe ingresado por Diputación a quien suministró el estudio, sin haber cobrado un euro por este concepto.

También faltó clamorosamente a la verdad cuando, sobre la datación de los grafitos, afirmó que Gil "ensancha la horquilla alegremente un poco y resulta que, como él dijo textualmente en la última reunión, podrían llegar hasta el siglo IX. ¡Seis siglos de horquilla de un plumazo!" Por lo visto no se ha leído las actas de la comisión que ella misma presidía, pues la del 19 de noviembre de 2006 dice textualmente que Eliseo Gil "sitúa la datación entre el siglo primero y el siglo sexto".

En el apartado de olvidos de la diputada, podríamos resaltar que fueron los profesores de la UPV Henrike Knörr, Santos Yanguas y Joaquín Gorrochategui quienes presentaron y avalaron solemnemente los grafitos en las presentaciones realizadas en junio de 2006. Gorrochategui declara, entre otras cosas, lo siguiente: "El objetivo principal de esta comparecencia es asegurar a la comunidad científica que es verdad, que no es un fraude, que han aparecido [textos en euskera]". La Diputada afirma también que Eliseo Gil mostró "repetida resistencia y oposición a entregar piezas a lingüistas vascos antes y durante la comisión", lo cual es absurdo, ya que las piezas estaban depositadas durante el desarrollo de la Comisión en el Museo de Arqueología, bajo la autoridad de la propia diputada.

Respecto a las analíticas, afirmó tajantemente que "no hay análisis de laboratorio capaz de dirimir si hay inscripciones recientes o antiguas, no hay tales pruebas físico-químicas". Debe de estar mal informada, pues el carbonato que se observa encima de muchas inscripciones posibilita la investigación de las mismas. Un prestigioso instituto europeo nos ha confirmado la viabilidad de dichos análisis, especificando detalles técnicos e incluso un presupuesto, bastante asequible por cierto y que esta plataforma estaría dispuesta a asumir en último extremo.

No quisieramos terminar sin citar un párrafo de la diputada en la que a nuestro entender ofrece algunas claves para entender el asunto: "¿en qué lugar dejan a la UPV si, incluso dentro de nuestras instituciones, exigen poner en marcha otra comisión de expertos y la realización de nuevas pruebas?" ¿Es acaso éste el quid de la cuestión? ¿En qué lugar quedarían la UPV y alguna otra institución si los laboratorios demostraran que los grafitos son auténticos?