ES una incógnita si la rotunda declaración de Arnaldo Otegi en la que "rechaza el uso de la violencia para imponer un proyecto político" servirá de algo en el juicio que finalizó ayer contra tres dirigentes de la izquierda abertzale por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo en el mitin celebrado en Anoeta en 2004. Los precedentes de las actuaciones judiciales ante hechos parecidos no dan pie a afirmar que vaya a primar la objetividad. El Tribunal debe tratar de determinar, en primer lugar, si dicha exaltación existió según lo estipulado en el Código Penal, que establece la pena de uno a dos años para "el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos" de terrorismo, aunque no se concreten los casos específicos en que se cometen estos delitos. El relator de la ONU para los Derechos Humanos, Martin Scheinin, ha llegado a afirmar que el enaltecimiento del terrorismo debe implicar que se quiera incitar a una persona a cometer un delito terrorista y una sentencia del TSJPV de 2009 consideraba que mostrar fotografías de presos de ETA no puede decirse, por sí misma, que menoscabe a las víctimas y, por tanto, no puede ser tipificable como enaltecimiento. Otra sentencia más reciente del Supremo basó en similares motivos la absolución de la alcaldesa de Hernani que había sido condenada en la Audiencia Nacional por solicitar un aplauso para los presos. Es, por tanto, un delito sujeto a interpretación. Pero el juicio contra Otegi, Permach y Álvarez, además, debería determinar si la intención de éstos fue la de cometerlo, es decir, si el delito fue premeditado, culposo, imprudente y ajeno a la pretensión de los tres líderes abertzales. Se juzga, por tanto, la voluntad de los acusados por cuanto sin voluntad de enaltecer difícilmente se puede caer en el enaltecimiento. Cinco años exactos después de aquel mitin, este sector hizo pública la Declaración de Alsasua, que retomaba aquel discurso e incluía, por primera vez, la asunción de los Principios Mitchell por el que se apostaba por "el uso de medios exclusivamente democráticos y pacíficos". Es cierto que una parte de la ciudadanía no concede ninguna credibilidad a estas intenciones, pero este es un aspecto que la sociedad deberá medir por otros cauces y no ser motivo de un juicio que trata de resolver el derecho de los tres juzgados a la libertad.
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