La mayoría de países de la Unión Europea ya tienen una ley del tabaco que defiende la salud de sus ciudadanos, sacando este bien de consumo de lugares cerrados. Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Malta, Escocia, Irlanda, Estonia, Suecia, Dinamarca, Finlandia o Lituania son varios ejemplos. Visto el panorama internacional, parece que España está a la cola en la lucha contra el tabaquismo. La clase política tiene en sus manos la reforma de la ley actual y tiene el deber moral de continuar hasta el final por el bien común, por la política sanitaria y porque así lo dicta la Constitución en su artículo 43: "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto".
Por encima de asuntos económicos discutibles (según comentan en otros países, la hostelería no sale malparada con estas medidas), el Estado debe establecer esta medida básica para la protección de la salud pública y del bienestar general: expulsar el humo de tabaco de los locales de ocio cerrados, porque debe y porque puede.
