LA liberación de los dos cooperantes catalanes secuestrados desde hace 267 días por el grupo terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) es una muy buena noticia. Sus días de cautiverio y tortura y el desasosiego y la incertidumbre de familiares, amigos y compañeros en la ONG Barcelona Acció Solidària han terminado y sólo cabe alegrarse de su regreso con vida. Ha sido un secuestro atípico, el más largo de los protagonizados por esos grupos en la zona, lleno de incógnitas, entre ellas el férreo control informativo que ha mantenido la ONG, que se deberían ir resolviendo en los próximos días a partir de las explicaciones que ofrezca a la opinión pública el Gobierno. Es evidente que su liberación estaba condicionada a la obtención de recursos económicos y a la liberación de algunos de sus militantes presos en Malí y algo de todo ello habrán obtenido. De hecho, el pasado fin de semana Mauritania entregó a Omar Saharaui, uno de los cabecillas del grupo condenado por el secuestro de los tres cooperantes catalanes, a Malí para cumplir allí su condena. Y al parecer, Roque Pascual, Albert Vilalta y Alicia Gámez, puesta en libertad en marzo, fueron secuestrados por el grupo dedicado a la obtención de recursos económicos para el conjunto de la organización y ese objetivo prioritario ha podido influir a la hora de negociar. A nadie se le escapa los esfuerzos de la diplomacia española para presionar a los países del entorno Libia -acaba de entregar una ayuda económica a Mauritania de 50 millones de euros coincidiendo con los últimos pasos que han posibilitado el acuerdo-, facilitados por la ausencia de intereses militares en la zona, precisamente lo que llevó a Francia a intentar liberar a uno de sus ciudadanos secuestrados mediante un golpe de fuerza que acabó en fracaso. Probablemente el Gobierno no pueda confirmar abiertamente el pago de un rescate, que se ha cifrado en torno a cinco millones de euros, entre otras cosas porque hacerlo no sería sino alentar este tipo de actos terroristas; pero sí que debería dar cuenta en la medida de lo posible de las gestiones que se han hecho y promover medidas, especialmente porque parte de estos rescates acaban quedándose en manos de intermediarios especializados en sacar tajada de estos secuestros, como ya ocurrió con el Alakrana.
