LAS políticas llevadas a cabo en Euskadi durante los últimos 30 años en diversas materias, fundamentalmente en el ámbito educativo, han llevado a nuestros dirigentes a asegurar con pleno acierto y razón que nos encontramos ante la juventud mejor preparada de la historia. Pese al amplio campo de mejora que siempre es posible en distintos aspectos de la educación, no cabe duda de que nuestros jóvenes cuentan hoy en día con una formación amplia y un nivel de estudios impensable hace unas décadas. Podría pensarse que, así las cosas, los jóvenes vascos tienen un futuro prometedor esperándoles a la vuelta de la esquina. Los datos, sin embargo, dibujan un panorama muy distinto. La gran mayoría de los jóvenes (cerca del 80%) entre 25 y 29 años sigue viviendo con sus padres y más de la mitad reconoce que depende económicamente de los ingresos de su familia. Más allá de cuestiones de carácter sociológico, la imposibilidad de la emancipación e independización de los jóvenes es una cuestión preocupante y, de hecho, es el principal problema de los jóvenes vascos. El paro que se ceba en estos tramos de edad, la precariedad laboral, la ausencia total de estabilidad y, derivado de ello, la falta de solvencia económica suficiente hacen imposible que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y, con ello, a un proyecto de vida propio e independiente de su familia. Si en los años 70 los jóvenes accedían a la emancipación a los 23 años, ahora esta edad se ha incrementado hasta cerca de los 30, con todos los problemas que de ello se derivan. En esta tesitura, es evidente que, junto a un empleo, el mayor hándicap con el que se encuentran los jóvenes es el acceso a una vivienda, cuyos precios son absolutamente inalcanzables para la gran mayoría. En los últimos años, se ha iniciado la apertura de una interesante apuesta por la vivienda de alquiler en régimen de protección pública como remedio a los prohibitivos precios de los pisos en propiedad para los jóvenes. Sin embargo, no ha sido suficiente ni ha conseguido abaratar los alquileres, que en muchos casos han sufrido un efecto contrario y se han disparado. Aún así, las administraciones deben implementar políticas más amplias, multidisciplinares e interdepartamentales y de carácter general que tengan como fin facilitar a los jóvenes el acceso a su independencia, en función de sus deseos y posibilidades.