mÁS allá de la tradicional guerra de cifras de cada jornada de huelga, lo cierto es que ni la convocatoria de UGT y CCOO de ayer, ni la que protagonizó la mayoría sindical abertzale el pasado 25 de mayo han logrado trasladar a la opinión pública una sensación de capacidad movilizadora y de respuesta social y laboral a los recortes aprobados por el Gobierno de Zapatero y asumidos, en mayor o menor medida, por el Gabinete López. Quizá sea esa división -que anida en profundas diferencias políticas, estratégicas y de modelo que se han agrandado con los años- una de las causas de que la incidencia del paro haya sido discreta, y que esa realidad sirva al mismo tiempo a las organizaciones sindicales de una y otra convocatoria de argumento para justificar una valoración satisfactoria, aunque los números hayan estado lejos de alcanzar cifras significativas. Sin olvidar como otra causa objetiva que al coste en los bolsillos de los trabajadores de unos recortes salariales que se ven ya como inevitables habría que añadir el descuento salarial de la huelga. Sin embargo, no son las únicas causas que justifican esa brecha de desencanto abierta entre los sindicatos y la cada vez menor movilización de los trabajadores. Entre ellas, las consecuencias, humanas, familiares y sociales de una crisis originada en la imposición de un modelo económico en el que la ruptura de los acuerdos y consenso básicos del Estado de bienestar en favor del mercantilismo capitalista ha dejado en evidencia tanto la validez real del llamado diálogo social como la falta de eficacia de la confrontación. Y ha minorizado la credibilidad sindical entre los trabajadores y sobre todo entre los más de 4,5 millones de desempleados y víctimas de un mercado laboral ineficiente y socialmente injusto. Si los sindicatos quieren impulsar una huelga general de carácter político contra los recortes al Estado de bienestar, deberían comenzar por recuperar no sólo la unidad de acción que les asegure una correlación de fuerzas equilibrada, sino un discurso y una actuación que les hagan creíbles ante los ciudadanos, como instrumentos con capacidad de incidir en la reforma del actual modelo socioeconómico y de lograr un nuevo equilibrio de control democrático de la economía como punto de partida para un nuevo pacto social y laboral en igualdad de condiciones.