Los trabajadores autónomos han visto cómo sus reivindicaciones históricas se empezaban a materializar el 28 de junio de 2007, cuando el Congreso de los Diputados aprobó el Estatuto de este colectivo. Como en todos los avances de los derechos sociales, ha sido un Gobierno socialista el que los ha permitido y ha facilitado el ejercicio de los mismos. Los resultados han sido más que evidentes y la realidad nos demuestra que en algo más de dos años, se ha tratado de compensar el desamparo legal y de protección social histórico en que se encontraba este sector, con un programa de Fomento del trabajo autónomo, mediante el diálogo con los representantes de cada grupo de interés y promoviendo la implantación de una cultura emprendedora que está posibilitando la creación de empleo estable y de calidad.

Fruto de este clima de diálogo con los agentes del sector, esta semana se ha logrado un hito con la aprobación, en el Pleno del Congreso, del Proyecto de Ley para la protección social por cese de actividad del trabajador autónomo, cuya medida más sobresaliente es la posibilidad de acceder a una prestación de desempleo de 12 meses, algo no contemplado en nuestra legislación hasta estos momentos. Un sistema contributivo, solidario, del que podrán beneficiarse los cerca de 300 mil trabajadores autónomos vascos que puedan necesitarlo, 181 mil de ellos están afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social, en el RETA, y más de 90 mil son los llamados autónomos propiamente dicho. En la provincia de Álava, los afiliados al RETA son más de 22 mil trabajadores.

La aprobación del Estatuto del Trabajo autónomo constituyó un antes y un después convirtiéndose en el primer ejemplo de regulación sistemática de este colectivo de la Unión Europea. Con anterioridad, la derecha siempre había utilizado las aspiraciones de los autónomos por el rédito electoral, pero sin concederles a estos tres millones de personas los derechos de ciudadanía.

Con la llegada del Partido Socialista y el Estatuto para el sector, estos trabajadores fueron definidos como la persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de la dirección y organización de un tercero, una actividad económica o profesional a título lucrativo, de no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Pero más importante que la definición fue el reconocimiento del derecho de los trabajadores autónomos a la igualdad ante la Ley y la no discriminación, la libre elección de profesión u oficio, la seguridad y salud en el trabajo, y la conciliación de la vida familiar y profesional.

Este reconocimiento supuso un avance fundamental para el colectivo, en la medida de que se abría la puerta para que pudiera reclamar judicialmente su exacto cumplimiento. Los trabajadores autónomos entraron por la puerta que da acceso a los derechos individuales y colectivos, a la mejora de las prestaciones sociales o a la posibilidad de acceder a las políticas de fomento del empleo económicamente dependiente.

Desde ese momento, como si de un cesto de cerezas se tratara, han colgado otros avances como los decretos que regulan el contrato del autónomo económicamente dependiente y el registro estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos o el de representatividad, cuya aprobación por el Consejo de Ministros está prevista para el próximo mes de julio. También ha supuesto un paso decisivo la constitución de la Mesa de Diálogo ente el Gobierno y las asociaciones representativas, en el mes de marzo de 2009, sin olvidar la firma del acuerdo del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, con ATA, CEAT y UPTA, un acuerdo de 18 medidas que se articulaban alrededor del fomento de la contratación laboral y medidas de protección social y mejora de la financiación.

No podemos, por tanto, más que felicitarnos porque en apenas tres años y respondiendo a una demanda histórica, con esta Ley para la protección social por cese de actividad del trabajador autónomo, los socialistas seguimos cumpliendo nuestro compromiso con la solidaridad, con la defensa de los derechos individuales y colectivos, y con la protección social.