La corrupción es una lacra que tenemos en la sociedad y que nos supone miles de millones de euros de dinero público, es decir, de todos, para enriquecimiento personal de unos pocos. El último caso abierto es el del ex presidente balear Jaume Matas. Este señor fue presidente autonómico en dos legislaturas (1996-1999) y ministro de Medio Ambiente (2000-2003) con José María Aznar. Además, están imputadas en este caso otras 30 personas por enriquecimiento ilícito en la construcción del velódromo Palma Arena, que costó más del doble de lo presupuestado hasta 110 millones (62 millones de sobrecoste) que se contrataron de forma directa, sin expediente ni procedimiento administrativo. Además, a este señor, la dirección del PP le abonaba un sueldo millonario (de 5.000 euros al mes) cuando dejó la política en 2007 para irse a trabajar a una empresa privada en EEUU. Estos hechos, en menor magnitud, son más habituales de lo que pensamos. Las obras públicas son en muchos casos incontrolables y del precio de adjudicación al coste final, en su mayoría, se exceden más del 10% de lo presupuestado, que es el límite razonable, y en muchos casos, nos supone un coste de más del 50% (del dinero de todos), que suelen decir los adjudicatarios de las mismas que son imprevistos.
Es responsabilidad de los poderes públicos, en todas las épocas y sobre todo en estos momentos de crisis, que haya transparencia en la gestión del dinero público porque la corrupción, el blanqueo de dinero y la economía sumergida son causas directas de la crisis y la justicia tiene que ser implacable y perseguir este tipo de delitos. Los políticos y la política necesitan una regeneración en este país porque, en vez de ser la solución a los problemas, se ha convertido en un problema ante la falta de confianza de los ciudadanos.
