"Lo prometido es deuda" y el sistema educativo, el pagano

El PSE en la pasada legislatura comienza a dar crédito a las acusaciones del PP de falta de libertad de las familias para elegir modelo lingüístico, más concretamente para elegir el modelo A, y puntualmente coinciden en la denuncia de una demanda inducida. A aquella fase de flirteo le sucede el pacto de Gobierno, en el que los socialistas prometen algo que no está en sus manos, sino en manos de las familias vascas y de los proyectos educativos de los centros. Prometen responder adecuadamente a la reclamación de los populares, que se fijan en el derecho de las familias a elegir el modelo lingüístico para sus hijas e hijos, y que olvidan su derecho a alcanzar, al finalizar la enseñanza obligatoria, una competencia lingüística adecuada en las dos lenguas oficiales.

Sin embargo, las familias vascas siguen optando mayoritariamente por los modelos que proporcionan mejores niveles de competencia en euskera y, por otra parte, los centros educativos van adaptando su oferta a la demanda de las familias, mediante sus proyectos educativos.

En las matriculaciones de los cursos anteriores nos acusaban a los nacionalistas de instigadores o inductores de la no matriculación en el modelo A. Ahora que no gobernamos, ahora que han establecido algún paso más en la aplicación informática utilizada para la matriculación, ahora que no tenía que haber ninguna sospecha de persuasión alguna, resulta que, en el período de prematriculación vuelven las acusaciones, sólo que esta vez cambian de rumbo y se dirigen contra los centros, contra sus gestores y contra sus patronales. Así, la parte acreedora de la deuda habla de "una política de desinformación de los centros? que están tratando de combatir la posibilidad del modelo A", a lo que la parte deudora le responde que el Gobierno pretende "compensar una situación bastante indeseable porque a los padres no se les daba una información adecuada en muchos centros sobre la posibilidad de matricular a sus hijos en el modelo A".

Son éstas dos maneras diferentes de decir lo mismo, es decir, dos modos de cargar las culpas sobre los hombros de los centros educativos vascos. Ya no pueden acusarnos a los nacionalistas de dirigir la demanda, ya no es la aplicación informática la que obstaculiza la libertad de elección lingüística. Entonces sólo les queda una salida, la más perversa: culpar a los centros. Éramos conscientes de la deuda contraída por los socialistas frente a los populares, y también de que el billete de pago llevaba una letra, la E de Euskadi, del Euskera y de la Educación. Y ahora los hechos lo demuestran.

El PSE está contribuyendo a crear un clima de permanente conflicto lingüístico en las aulas con sus manifestaciones sobre esta materia. Unas veces de forma explícita; otras veces -demasiadas-, con su silencio. Recientemente hemos podido comprobar el silencio socialista, cuando sus socios preferentes sentenciaban en una tertulia radiofónica que "el objetivo de la escuela es educar, no euskaldunizar", como si educar y euskaldunizar fueran acciones incompatibles. La cuestión es que frases como ésta encajan perfectamente en una estrategia más amplia, que intenta contraponer el euskera y la euskaldunización a la modernidad, a la profesionalidad o a los valores educativos y que al mismo tiempo intenta relacionarlos con valores negativos como la discriminación, la imposición o el interés ideológico-identitario.

Y además de callar ante los sutiles y no tan sutiles ataques contra el euskera, hacen alarde de adoptar una actitud neutral en el tema lingüístico. La neutralidad no es tal en el proceso de recuperación de una lengua minoritaria, porque el laissez faire, laissez passer ha llevado a su desaparición a más de una lengua como la nuestra. La acción positiva hacia el euskera y la promoción de los modelos que mejor garantizan una buena competencia en esta lengua no sólo es legal, sino totalmente necesaria para su recuperación, porque el uso del euskera está directamente relacionado con la posesión de una competencia lingüística suficiente que permita hablarlo con fluidez.

Una vez más, por tanto, el debate político traído a las aulas. Primero con motivo de las víctimas; a continuación, con motivo del currículo educativo, y ahora, con motivo de la matriculación. Y todo ello sin escuchar previamente al sector educativo, al que recurren una vez ha estallado el conflicto. Después de que el tema ha permanecido semanas, y a veces meses, en los medios de comunicación, se dirigen a los centros para que opinen sobre la oportunidad de la presencia de las víctimas en las aulas, o se dirigen al Consejo Escolar de Euskadi para que emita dictamen sobre la revisión del currículo educativo, y en esta ocasión que nos ocupa, tampoco se han dirigido al sector antes de prometer nada a sus socios.

Ahora ya es tarde. La demanda del modelo D, y en menor medida del modelo B, vuelve a ser incuestionable y, consecuentemente, el Departamento de Educación tendrá que buscar la mejor solución posible para satisfacer las solicitudes de matriculación en el modelo A, pero su intento va a resultar baldío porque no va a satisfacer a las familias a las que durante mucho tiempo se les han ido generando falsas expectativas sobre la posibilidad de elegir modelo y centro educativo para sus hijas e hijos. Las llamadas a la moderación y a la racionalidad de la consejera Isabel Celaá llegan tarde, porque una vez más el mal está hecho. Todo el sector -las familias, el profesorado y los centros- está pendiente de la repercusión mediática y política de cada una de sus decisiones. Mientras tanto, sus principales preocupaciones, las asignaturas verdaderamente troncales, siguen pendientes.

El PSE ha contraído una deuda que no puede saldar, y como lo prometido es deuda, el sistema educativo vasco es el pagano.