Allen, ante una posible cadena perpetua por “intento de asesinato” a Trump

La Justicia de EE.UU. ha presentado formalmente cargos por intento de magnicidio contra Cole Allen, el profesor californiano de 31 años que el pasado sábado desató un tiroteo durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Mientras el acusado se enfrenta a una posible cadena perpetua, el Gobierno deDonald Trumpha reaccionado con dureza, vinculando directamente el ataque con una supuesta "demonización" sistemática del mandatario por parte de la oposición demócrata y los medios de comunicación. El suceso ha reabierto el debate sobre la seguridad nacional y la urgencia de construir un búnker para eventos masivos en el complejo presidencial.

Cole Allen compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal en Washington D.C., apenas 48 horas después de haber intentado irrumpir armado en el hotel Hilton. Vestido con un uniforme de color azul neón y custodiado por su equipo de defensa, el joven profesor escuchó la lectura de tres cargos federales preliminares: intento de magnicidio y dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego. La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, fue tajante ante los medios al concluir la sesión: "Este fue un intento de asesinato del presidente de EE.UU. El acusado dejó claro que su propósito era eliminar a la mayor cantidad posible de altos cargos del Gabinete".

La investigación ha revelado que Allen viajó en tren desde Los Ángeles con un arsenal compuesto por una escopeta, una pistola y varios cuchillos. El sábado por la noche, logró saltar un control de seguridad del hotel donde se encontraban Trump, la primera dama y los secretarios de Estado, del Tesoro y de Guerra. Tras un intercambio de disparos en el que un agente del Servicio Secreto resultó herido —salvado por su chaleco antibalas—, Allen fue neutralizado antes de acceder al salón de baile. El juez Matthew J. Sharbaugh ha ordenado que el sospechoso permanezca bajo custodia hasta una nueva audiencia el 30 de abril.

Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt ofreció una comparecencia cargada de reproches políticos. Leavitt denunció que este es el tercer intento de asesinato contra Trump en dos años, una cifra sin precedentes históricos. "Esta violencia política emana de una demonización sistémica de su persona y de sus partidarios por parte de comentaristas y de miembros electos del Partido Demócrata", afirmó la portavoz. Según Leavitt, gran parte del manifiesto escrito por Allen resulta "indistinguible" de las críticas que tildan a Trump de "fascista" o lo comparan con Hitler.

La seguridad de la Casa Blanca, en jaque

Más allá de la batalla ideológica, el incidente ha puesto en entredicho los protocolos de seguridad. La jefa de gabinete, Susie Wiles, encabezará esta semana una reunión de emergencia con el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Leavitt aprovechó para culpar a los demócratas por el bloqueo presupuestario del DHS, que dura ya 70 días, sugiriendo que la falta de fondos afecta directamente la capacidad operativa del Servicio Secreto. Asimismo, se reveló que no se activó el sistema de "superviviente designado" el sábado porque varios miembros de la línea de sucesión no asistieron a la cena por razones personales.

El tiroteo ha servido también como catalizador para que Donald Trump exija la finalización inmediata de un polémico salón de baile de 8.000 metros cuadrados en los terrenos de la Casa Blanca. El presidente describe el proyecto como una estructura de "alto secreto militar" diseñada para albergar eventos seguros sin el riesgo de "filtraciones" de personas ajenas, como ocurrió en el Hilton. Sin embargo, este proyecto enfrenta una batalla legal. El abogado Gregory Craig, representante del Fondo Nacional para la Preservación Histórica, rechazó hoy retirar la demanda que paraliza las obras, a pesar de las presiones del Departamento de Justicia.

Craig calificó de "irresponsable" la afirmación de que su demanda pone en riesgo al presidente. "Lo que el terrible suceso del sábado no cambia es que la Constitución exige que el Congreso autorice la construcción, y el Congreso no lo ha hecho", sentenció el letrado. Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que el salón no es un "proyecto divertido", sino una necesidad crítica de seguridad nacional para proteger la línea de sucesión en un país donde, según Leavitt, la violencia política se ha vuelto una sombra constante.