El Tribunal Supremo de EEUU cuestiona la legalidad de los aranceles de Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos analiza este miércoles la legalidad de la política arancelaria del presidente, Donald Trump, en una audiencia en la que varios estados demócratas y empresas impugnan su constitucionalidad, mientras que el Gobierno defiende su validez.

El alto tribunal, de mayoría conservadora, deberá determinar la autoridad del mandatario y los límites de su poder, además del futuro de la economía nacional e internacional.

Aranceles

La política arancelaria de Estados Unidos depende del Congreso, no del presidente, y el debate jurídico se centra ahora en si Trump hizo lo correcto al utilizar una ley federal de emergencia para justificar la batería arancelaria que impuso en abril a buena parte del mundo.

La Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) otorga a los mandatarios el poder de hacer frente a una "amenaza" sobre la que se haya declarado "una emergencia nacional" y la corte estudia si en este caso es aplicable la norma, después de que varios tribunales inferiores hayan considerado que Trump se excedió en sus poderes.

En una de las primeras intervenciones, el presidente del Supremo, el magistrado conservador John Roberts, se mostró escéptico sobre la capacidad legal del republicano para imponer sus aranceles.

La defensa recordó otros casos en los que el tribunal había permitido a expresidentes como Jimmy Carter o Richard Nixon tomar medidas de emergencia en matera arancelaria, pero los magistrados no se mostraron seguros de que se tratase de la misma situación.

La impugnación fue presentada por un grupo de fiscales demócratas de 12 estados y un grupo de empresas representadas por el abogado Neal Katyal.

Trump, que no acudió a la audiencia aunque llegó a decir que lo haría, escribió el martes en su red social, Truth Social, que el fallo del Supremo sobre los aranceles es una cuestión de "vida o muerte" para el futuro del país.

En su lugar acudió de público el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien defendió que la aplicación de los gravámenes es necesaria por la emergencia económica que sufre Estados Unidos.