Alrededor de 50 palestinos han muerto en bombardeos llevados a cabo por el Ejército de Israel contra diversos puntos de la Franja de Gaza durante las últimas horas. Según la agencia palestina de noticias Maan, al menos 18 personas, entre ellas varios niños, han muerto en un ataque aéreo contra una vivienda en el campamento de refugiados de Nuseirat, que habría dejado decenas de desaparecidos bajo los escombros.

Además, al menos once personas han muerto en un nuevo bombardeo contra una plaza en el campamento de refugiados de Yabalia, situado en el norte del enclave y el más grande de la Franja.

Según Maan, entre los fallecidos en las últimas horas se encuentra el secretario general del Movimiento Al Ahrar, Jaled abú Hilal. Se han publicado vídeos que muestran la destrucción de la vivienda de Abú Hilal en ciudad de Gaza, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre estos bombardeos.

Falta de combustible

La OMS dijo que hoy podría empezar a funcionar un mecanismo para la entrada de combustible en la Franja de Gaza. La afirmación de la OMS coincidió con informaciones proporcionadas por los medios egipcios de la entrada de 150.000 litros de fuel a través del paso fronterizo de Rafah, que comunica el territorio palestino y Egipto.

El combustible se agotó totalmente en el territorio palestino esta semana, provocando el cese del funcionamiento de la gran mayoría hospitales, de los servicios de telefonía e internet y de las plantas de desalinización que convierten el agua de mar en agua potable. La ONU ha señalado que por esta razón más del 70% de la población no tiene acceso a este suministro vital.

Cabe destacar que las autoridades israelíes cortaron el abastecimiento eléctrico que se originaba en su país y la única planta de producción eléctrica en el territorio palestino agotó posteriormente todas sus reservas de combustible. Poco a poco, todos los servicios básicos -incluyendo hospitales y panaderías, entre otros- fueron agotando el fuel que cada cual tenía de reserva y con el que hacían funcionar hasta esta semana los generadores eléctricos.

Enfermedades y epidemias

Unas 830.000 personas se han refugiado de los combates en escuelas de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), que ha advertido de que a partir de este viernes comenzará a interrumpir sus trabajos de saneamiento en dichas instalaciones, precisamente, por la falta de combustible.

Se eleva a casi 1,6 millones de palestinos quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares y más de la mitad ha recalado en alguna de las 154 instalaciones de la UNRWA que acoge ahora refugiados, en su amplia mayoría --unos 670.000-- en la zona sur de la Franja.

Ataques contra el personal humanitario

La agencia, que ya ha perdido a 103 trabajadores por los ataques, ha denunciado más de 60 ataques contra sus instalaciones. Desde el inicio del conflicto, al menos 71 desplazados han muerto por estos ataques, mientras que más de 570 han resultado heridos, según un informe difundido este viernes.

Las condiciones en el interior de estos centros son, además, cada vez peores, fruto de la saturación y de la falta de recursos. De media, hay una ducha por cada 700 personas y un retrete por cada 150, ha explicado la UNRWA, a la que le preocupan especialmente los efectos colaterales de la falta de combustible.

Litros irrisorios

La organización recibió esta semana 23.000 litros de combustible a través del paso de Rafá, pero la cifra se antoja innecesaria --harían falta 160.000 litros por día-- y las autoridades israelíes han limitado su uso al repostaje de vehículos destinados al transporte de ayuda, lo que impide que este suministro pueda utilizarse para recuperar el suministro eléctrico y el funcionamiento de platas desalinizadoras o garantizar las redes de saneamiento.

De hecho, la UNRWA ha confirmado que desde este viernes se verá obligada a suspender sus trabajos de limpieza en algunas de sus instalaciones y campos de desplazados, pese a que llegan a acumularse unas 400 toneladas de residuos por día.

La acumulación de basura y la paralización de las estaciones que permiten el bombeo de aguas residuales conllevan "graves amenazas" a nivel sanitario, ya que se acrecienta el riesgo de contaminación del agua y de brotes de enfermedades.