Irán ejecutó al menos a 582 personas en 2022, un 75 % más que el año anterior, según un informe sobre la pena de muerte difundido este jueves por Iran Human Rights (IHRNGO), organización con sede en Noruega.
El documento resalta que solo el 12 % de las ejecuciones fueron comunicadas por las autoridades, cuatro puntos menos que en 2021 y lejos del 33 % de media de los tres años anteriores.
Al menos 288 de los ajusticiamientos fueron por cargos de asesinato, la cifra más alta en 15 años, y 256, por delitos de drogas, el doble que en 2021.
Quince de los ejecutados lo fueron por cargos vinculados a delitos de seguridad, señala el informe, en cuya elaboración participa también la ONG iraní Unidos Contra la Pena de Muerte (ECPM), con base en Francia.
En la lista de ejecutados figuran tres adolescentes y dieciséis mujeres.
El dossier señala que 273 de las ejecuciones realizadas el año pasado, y más de 4.029 desde 2010, se han basado en sentencias de muerte emitidas por cortes revolucionarias.
Irán ha registrado revueltas en los últimos meses después de que en septiembre pasado una joven kurda muriera tras ser detenida por la Policía de la moral, supuestamente por no llevar bien colocado el velo.
Cuatro personas han sido ejecutadas este año y más de cien que participaron en las protestas se arriesgan a cargos de pena de muerte, sentencias y ejecución, mientras una veintena ya ha sido condenada a muerte en juicios preliminares, según el informe.
"Las reacciones internacionales a las sentencias de muerte contra manifestantes han dificultado que la República Islámica haya procedido con las ejecuciones. Para compensarlo y extender el miedo en la población, las autoridades han intensificado las ejecuciones por cargos no políticos", señaló el director de IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam.
Amiry-Moghaddam instó a la comunidad internacional y a la sociedad civil dentro y fuera de Irán a mostrar su oposición contra las ejecuciones.
