- Una corte de paz de El Salvador ordenó ayer la detención del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) por la masacre de seis padres jesuitas, entre ellos el portugalujo Ignacio Ellacuria, y dos mujeres en 1989 en el marco de la guerra civil (1980-1992).

El juez Tercero de Paz de San Salvador decretó esta medida a raíz de la ausencia de Cristiani en la audiencia inicial del proceso, que comenzó ayer jueves, y por la falta de representación legal nombrada por el exmandatario salvadoreño.

Son 13 las personas señaladas de la autoría intelectual de la masacre de los religiosos, de las que dos han fallecido y el proceso en su contra fue sobreseído.

Nada más conocerse la orden de arresto, el expresidente publicó una carta en la que el expresidenre Cristiani, que ostentaba la presidencia del país cuando ocurrió el atentado, afirmando que no confía en el fiscal general ni en los jueces. “La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos”, afirma en la misiva el exmandatario, que asegura que no encubrió a los autores de esta masacre.

La diligencia se lleva a cabo en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador y los implicados estaban siendo procesados por omisión en el delito de asesinato, actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.

“Estamos en presencia de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra”, dijo a la prensa uno de los fiscales del caso.

Los únicos presentes en la audiencia son el general retirado Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea, y el teniente coronel retirado Carlos Camilo Hernández.

Bustillo es una de las 13 personas, incluido el expresidente Cristiani, involucradas en la masacre, de acuerdo con un requerimiento presentado el pasado 25 de febrero por el Ministerio Público ante la Justicia.

Además de Cristiani, Hernández y Bustillo, también son acusados los militares Juan Orlando Zepeda Herrera, Nelson Iván López López y Joaquín Arnildo Cerna Flores.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de élite del ejército ejecutó a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió que una corte de paz ordenará en 2017 la reapertura del proceso a petición de la UCA.

Diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación.

Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años de prisión.