El cadáver del bebé mexicano de tres meses que apareció en la basura de una cárcel de Puebla tras ser extraído de un panteón de Ciudad de México levanta cada vez más dudas y aviva las sospechas contra las autoridades, que han respondido con evasivas y hasta amenazas.
Aunque el cuerpo de Tadeo apareció el 10 de enero en el Centro Penitenciario de Puebla y volvió este domingo con sus padres a Ciudad de México, las autoridades no han esclarecido el crimen, denunció este lunes Saskia Niño de Rivera, presidenta de la asociación Reinserta, en una conferencia de prensa para tratar el caso.
El hecho que el bebé fuera introducido a la cárcel en una "visita familiar" -aparentemente ya muerto- sin que nadie verificase su salida sugiere la existencia de la "colusión de las autoridades", advirtió la activista en una conferencia con casi una decena de agrupaciones civiles.
"Falta puntualmente que se entienda para qué se usó el cuerpo de este chiquitito, que se entienda cómo fue robado este cuerpo de un panteón de la Ciudad de México, quién exhumó el cuerpo de esta manera, quién se lo llevó a Puebla", denunció.
MUCHAS HIPÓTESIS, POCAS RESPUESTAS
El caso de Tadeo, nacido el 4 de octubre, ha estremecido a México desde hace dos semanas, cuando un reo encontró el cuerpo del bebé cubierto con cal y dentro de una bolsa en los contenedores de plástico reciclable.
El bebé, enterrado en un cementerio de la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, presentaba una herida en el abdomen, por lo que una de las hipótesis iniciales era que su cuerpo se había utilizado para transportar droga.
Después se aclaró que la herida respondía a una operación que se le hizo al bebé, que murió el 5 de enero por problemas intestinales en Ciudad de México.
Sus padres, que había enterrado a Tadeo días antes, se enteraron de que el cuerpo del bebé había aparecido en un penal de Puebla por reportes de la prensa que señalaron que el infante portaba un brazalete en su muñeca izquierda con sus apellidos, lo que permitió la identificación.
ENTRE EVASIONES Y AMENAZAS
El caso ha despertado sospechas contra el Gobierno federal porque los gobernantes de Puebla, Ciudad de México y la alcaldía Iztapalapa son todos del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cuestionado por la prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este lunes que el caso es un "fruto podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían suceder y tienen que ver con el pasado reciente", en referencia a los "gobiernos neoliberales".
A pregunta de Efe, la abogada Paola Zavala, socia fundadora de la ONG Ocupa, lamentó que López Obrador haya dedicado solo un minuto al caso.
También argumentó que el actual Gobierno no ha aliviado la crisis en las cárceles, al citar que en el penal de Puebla donde ocurrió el caso, el hacinamiento es de 103 %. Es decir, que hay más de 4.000 reos en una prisión de 2.000.
El hecho también ha levantado polémica porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se negó a investigar el caso, mientras que el gobernador de Puebla, el oficialista Miguel Barbosa, advirtió a periodistas y activistas de que "tengan cuidado" al indagar la historia.
Los activistas coincidieron en que el caso de Tadeo es un reflejo de la violencia contra niños en México, donde en 2021, los homicidios de menores de edad crecieron un 2,7 % hasta los 2.240, lo que significa seis niños o adolescentes asesinados al día, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Además, hay una impunidad del 95 % en los asesinatos que involucran a niños, lamentó Tania Ramírez, presidenta ejecutiva de Redim.
