l 8 de noviembre de 2016 Cristal Mason se dispuso a depositar su voto en el condado de Tarrant, uno de los más grandes distritos electorales de Texas. Crystal se hallaba en libertad condicional después de haber cumplido casi tres años de prisión por fraude fiscal. No sabía si llegaría a tiempo, pero se lo había prometido a su madre. Salió del trabajo y recogió a su sobrina, que también quería votar. Hicieron una larga cola y se identificaron ante uno de los vocales de la mesa electoral. Éste le informó que su nombre no constaba en la lista de votantes registrados pero que, si ella quería, podía rellenar una papeleta de voto provisional y emitir su voto. Si resultaba que era un error del sistema, su voto contaría, de lo contrario su voto sería eliminado.
Seis meses después, un oficial de policía la arrestó y dos años más tarde, en 2018, Crystal compareció ante el juez. El procedimiento se centró en una de las cuatro disposiciones que limitan el derecho al voto de los tejanos, las cuales están inscritas en el lado izquierdo de la papeleta de voto provisional: “Soy residente en esta subdivisión administrativa, no he sido condenado por un delito grave o, si cometí un delito, he satisfecho mi pena, incluyendo prisión, libertad vigilada, supervisión, período de libertad condicional, o he sido indultado”. Tras un juicio de un día, el juez declaró a Crystal culpable y la condenó a cinco años de prisión. Después de pasar poco más de siete meses en una prisión federal, fue puesta en libertad bajo fianza.
Según la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles, entre el 1 de enero y el 14 de mayo de 2021, se promulgaron al menos 22 leyes en 14 estados que restringen el derecho al voto de los ciudadanos y, según el senador Bernie Sanders, hasta finales de diciembre se han aprobado once leyes más para obstruir el acceso al voto. En los últimos años se han introducido más de 400 proyectos de ley tendentes a dificultar el acceso al voto en un buen número de estados de la Unión.
Algunos estados sólo imponen restricciones del voto de la persona durante su estancia en prisión mientras que otros estados -como Texas- incluyen el período de libertad condicional. Los once estados más restrictivos privan a sus ciudadanos del derecho al voto incluso después de haber cumplido su sentencia. Históricamente, el número de ciudadanos privados del derecho al voto debido a una condena ha aumentado drásticamente, pasando de 1,17 millones en 1976 a 6,1 millones en 2016. En las elecciones federales de 2012, se estima que 5,85 millones de ciudadanos perdieron su derecho al voto: esto suponía el 2,5% del total de votantes. Las reformas legales en varios estados han reducido el número de personas privadas de sus derechos a 5.2 millones en 2020: Pero aún se trata del 2.3% de la población votante.
El estado con el mayor número de votantes privados de sus derechos es Florida, con 1,5 millones de personas, más del 10% de los ciudadanos mayores de edad, 774.000 de ellos por impago de deudas. Las tasas de privación del derecho al voto a nivel estatal en 2020 aumentaron a más del 8% en Alabama, Mississippi y Tennessee. Estos estados, junto con Texas, son republicanos. En el extremo opuesto de la balanza se hallan los estados y jurisdicciones demócratas como Maine, Vermont, Washington DC, que no privan a las personas condenadas de sus derechos electorales.
Las leyes de privación del derecho al voto afectan de manera desproporcionada a las minorías afroamericana e hispana que -no es casualidad- tienen a votar al Partido Demócrata. Los afroamericanos tienen casi cuatro veces más probabilidades de perder su derecho al voto que el resto de la población, con uno de cada 16 adultos negros privados de sus derechos a nivel federal. Desde 2020, en siete estados fuertemente republicanos (Alabama, Florida, Kentucky, Mississippi, Tennessee, Virginia y Wyoming) más de uno de cada siete adultos negros no tiene acceso al voto. En total, 1,8 millones de ciudadanos negros tienen prohibido votar.
La práctica de la privación legal del voto hunde sus raíces en el derecho consuetudinario inglés, cuando una persona podía ser sentenciada a la “muerte civil” mediante sanciones penales que incluían la restricción o revocación completa de derechos electorales. Si bien en aquel tiempo las leyes coloniales sólo limitaban el acceso al voto en virtud de “violaciones atroces del código moral”. Tras la declaración de la independencia, diversos estados de la Unión comenzaron a codificar disposiciones sobre privación del derecho al voto.
Pero fue sobre todo a partir de 1896, cuando el tribunal supremo impuso su criterio de “separados pero iguales” en el caso de Plessy vs. Ferguson, que se inició una época de discriminación. La decisión dio lugar a la doctrina legal de la era Jim Crow, que abría cien años de segregación con instalaciones y servicios públicos separados para blancos y negros. Los legisladores del Profundo Sur bloquearon el acceso a las urnas de los ciudadanos afroamericanos imponiendo impuestos electorales, pruebas de alfabetización, impidiendo el voto a los convictos y otras barreras legales que hacían casi imposible la emisión del voto de la población negra, que en aquel tiempo era mayoritariamente republicana. Por ejemplo, en Mississippi se pidió la privación del derecho al voto por delitos de robo e incendio, pero no por asesinato, ya que los casos de homicidio que llegaban a la corte correspondían mayoritariamente a ciudadanos blancos. Por lo mismo, en Alabama se defendió que una persona perdiera el derecho al voto por golpear a su pareja, pero no por matarla (dado que suponían que la violencia doméstica permitiría restringir el voto al 60% de la población afroamericana masculina de aquel tiempo).
Los estados con las leyes de privación de derechos del voto más restrictivas tienen una larga historia de segregacionismo y supresión de derechos civiles. La Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965, ambas aprobadas durante la presidencia de Lyndon B. Johnson, pusieron freno a la era Jim Crow.
Pero las cosas están cambiando. Una nueva sentencia del tribunal supremo en el caso de Shelby county vs. Holder de 2013 declaró inconstitucional las secciones 4b y 5 de la Ley de Derechos Electorales de 1965, que requerían que ciertos estados destacados por su segregacionismo obtuvieran autorización federal antes de implementar cambios en sus leyes electorales. El 25 de junio de 2013, el tribunal de mayoría conservadora dictaminó por 5 votos contra 4 que la fórmula se basaba en datos caducos -de más de 40 años- y que era incompatible con los principios constitucionales del federalismo y la soberanía de los estados. En 2021, en el caso Brnovich v. Democratic National Committee la corte suprema asestó un nuevo hachazo a la Ley de Derechos Electorales de 1965.
Y hoy, a la sombra de estas decisiones magistrales y de la farsa de Trump sobre fraude electoral, vivimos un resurgimiento del segregacionismo. Lamentablemente, son muchos los republicanos que opinan que para ganar las elecciones no tienen más remedio que restringir el voto de los que no piensan como ellos. Ya lo dijo Ann Coulter, si sólo votaran los hombres blancos, el Partido Republicano habría ganado todas las elecciones presidenciales desde 1950. Un hecho que nos dice mucho de los hombres blancos.
