os proyectos de ley que están siendo discutidos en el Congreso, donde el que el Partido Demócrata controla ambas cámaras, pero no cuenta con los votos suficientes.
El primero es el proyecto de ley de infraestructuras (Infrastructure Investment and Jobs Act) que tiene un presupuesto de 1,2 billones de dólares (1,2 trillones en inglés), cuyo objetivo es incentivar el empleo y la economía mediante inversiones en redes de comunicación y transporte público, así como sistemas de internet de alta velocidad y una red de estaciones de carga de vehículos eléctricos. Esta propuesta ha sido aprobada en el Senado con los votos de 19 republicanos y los 50 demócratas. Los “moderados” han votado a favor porque la mayor parte de las inversiones directas irán a aparar a manos de grandes empresas, que son las que ejecutarán obras como el acondicionamiento de más de 45.000 puentes en mal estado, a lo que se destinarán 40.000 millones de dólares. Nancy Pelosi prometió que llevaría la medida a votación a la Cámara de Representantes el 27 de septiembre, pero la situación se ha complicado.
El segundo proyecto de ley, con un presupuesto de 2,3 billones de dólares, reúne todas las prioridades en materia de política interior de la administración Biden, desde políticas sobre cambio climático hasta inmigración, empleo, educación y seguridad social e incluye el American Families Plan de 1,8 billones. Pero las medidas de inversión en “infraestructuras humanas” como el cuidado de la tercera edad o ayudas a los inmigrantes no son “asuntos prioritarios” ni “materias urgentes” en el vocabulario moderado, por lo que cuentan con su rechazo frontal.
Ambas propuestas combinadas suman un proyecto de ley de 2.465 páginas.
Los demócratas tienen en el Senado los 50 votos y los necesitan todos para contrarrestar los 50 votos republicanos y aprobar ambas leyes mediante el proceso legislativo denominado “de reconciliación” que permite aprobar medidas por mayoría simple. El voto favorable de Kamala Harris como presidenta de la cámara alta rompería el empate. No obstante, los senadores Kyrsten Sinema de Arizona y Joe Manchin de West Virginia, dos estados sumamente conservadores, han expresado que no votarán por el American Families Plan. Ambos diputados han propuesto una “pausa estratégica” (que traducido al lenguaje llano significa que perderán votos en sus estados si aprueban el plan familiar). Ambos opinan que el presupuesto del proyecto de ley sobre asuntos sociales es excesivo... y “radical”. En una nota clásicamente moderada, Manchin hizo ver que estaba muy preocupado por la inflación: este senador, que votó sin problemas en favor de un desembolso de 300 millones de dólares diarios durante veinte años para la guerra de Afganistán, se preocupa ahora por la inflación.
Según Bret Stephens, para el New York Times, otro gran moderado, la infraestructura es “mucho más popular entre los votantes” que un proyecto de “Gran Sociedad”. No es así. Según The Hill un 60% de la población estadounidense se muestra favorable a este paquete de ayudas sociales y medioambientales. Pero, para Stephens, el 40% de “moderación” es una mayoría.
Biden se reunió con la representante Pramila Jayapal, de Washington, presidenta del caucus progresista, que ha sido inequívoca al decir que ella y su grupo votarán en contra del paquete de infraestructuras si no se aprueba el proyecto de ley sobre políticas sociales y medioambientales. Bernie Sanders, presidente del Comité de Presupuesto del Senado, entiende que es urgente poner en práctica medidas de ayuda para los sectores sociales más desfavorecidos. Una visión tremendamente “radical”, según algunos.
Todo esto está colocando la agenda demócrata peligrosamente cerca del colapso. Biden, un veterano de 36 años en Capitol Hill, está utilizando su experiencia para alinear posiciones y ha afirmado que las medidas se aprobarán, en seis minutos, seis días o seis semanas. Si no es así, tal como afirma Betsy Klein para la CNN, el partido demócrata no podrá aprobar el paquete de medidas antes de las elecciones de 2022. Pero si los republicanos recuperan el control de una de las dos cámaras del Congreso (o ambas) en 2022, las posibilidades de que se apruebe una legislación como esta son prácticamente nulas.
El caucus demócrata se enfrentaba a otro problema crucial, la aprobación de un proyecto de ley para aumentar el techo de la deuda. Se llegó a un acuerdo contrarreloj el jueves, y el Senado aprobó las asignaciones que mantendrán abierto el gobierno hasta el 3 de diciembre por 65 votos a favor y 35 en contra. La Cámara también aprobó el plan y lo envió a la Casa Blanca justo antes de la hora de cierre. Se ha evitado lo que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advertía habría sido “una catástrofe económica generalizada”. La Oficina de Presupuesto del Congreso informó que un cierre parcial en 2019 costó más de 31 millones de dólares al día. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, citó otros “efectos dañinos”: cientos de miles de empleados federales “no esenciales” sin cheque, entre ellos más de 6.000 bomberos que luchan contra incendios forestales y aproximadamente el 43% de los empleados de Salud y Servicios Humanos y el 60% de los empleados del IRS suspendidos, muchos de ellos a cargo de las operaciones de vacunación de covid-19. Un mal menor, a la vista de 35 senadores y 211 congresistas “moderados” que votaron en contra de elevar el techo de la deuda “por miedo a la inflación”.
Desde el moderantismo se ha tildado a Biden de “radical” por intentar cumplir con su agenda. Bret Stephens escribió para el New York Times que la forma en que se ejecutó la retirada de las tropas de Afganistán fue “una humillación nacional y una traición moral”. Es fácil criticar sin datos: La retirada completa de tropas y civiles se llevó a cabo mediante una negociación con las fuerzas que controlan el país, con un saldo de 124.000 personas evacuadas en menos de un mes. No ha muerto ningún civil y ambos países ya no están en guerra. Decir, escribir y publicar que en 2021 “nos encontramos conmemorando la primera gran victoria yihadista sobre Estados Unidos” es, además de rematadamente inmoral, un insulto a la razón. Nadie en su sano juicio pensó nunca que esa guerra se podía ganar, porque no había objetivo territorial, ni geoestratégico, ni tampoco socioeconómico o cultural. Stephens nunca ha aclarado qué significa “ganar la guerra a los talibanes”. ¿Quién gana una guerra que ha costado más de 200.000 vidas?
Lamentablemente conquistar la paz y negociar con el enemigo es lo que se entiende por humillación y traición en el vocabulario “moderado”. Construir la paz es una idea “radical” en un mundo en guerra donde invertir 300 millones de dólares diarios en una cruzada durante veinte años no genera inflación, pero 50 millones diarios en seguridad social derrumban el precio del dinero. Vivimos en un mundo en el que arreglar 45.000 puentes es una política “moderada” aceptable, pero invertir la misma cantidad en el cuidado de ancianos y alumnos que no pueden estudiar porque no tienen dinero, son ideas “radicales”. El propio concepto de cambio climático se rechaza desde el moderantismo, como una noción “radical” de la naturaleza, mientras observamos cómo entre enero y julio de 2021, 37.650 incendios han quemado 12.071 km2 de bosque en los Estados Unidos.
