Un golpe de Estado militar aborta la frágil democracia de Birmania tras diez años de transición fallida

Los militares, que a pesar de iniciar una “democracia disciplinada” hace una década, nunca habían renunciado del todo al poder en el país asiático, declararon ayer el estado de emergencia después de acusar en reiteradas ocasiones y sin pruebas al Ejecutivo de cometer fraude en las elecciones del pasado noviembre.

El golpe, del que había rumores desde la semana pasada, fue ejecutado el día en el que el Parlamento tenía previsto celebrar su primera sesión de la legislatura tras las elecciones de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), formación socialdemócrata que preside Suu Kyi, consiguió revalidar el poder con una abrumadora victoria.

La jornada golpista comenzó con la detención de la líder de facto del país asiático, consejera de Estado y Nobel de la Paz y del hasta ayer presidente birmano, Win Myint, además de varios ministros y presidentes regionales. Entre la treintena de detenidos también se encuentran activistas, escritores, cantantes y directores de cine. Tanto Suu Kyi como Myint se encuentran en arresto domiciliario en sus residencia de la capital del país, Naipyidó, según fuentes de la LND.

El anunció de estado de emergencia por un año llegó horas después de las detenciones a través del canal Myawaddy News, controlado por el Ejército, que confirmaron que el hasta ahora vicepresidente Myint Swe, nombrado por los propios militares, asumía la presidencia interina y le cedía todos los poderes al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing.

El Ejército justificó el golpe por el supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre y aseguró que la Comisión Electoral había sido “incapaz de resolver el problema”. Además insistió en que, una vez se acabe el periodo de un año del estado de emergencia, se celebrarán “elecciones generales libres y justas” y “el poder será traspasado al partido ganador que haya cumplido con los estándares democráticos”.

En un anuncio nocturno, Myawaddy informó del nombramiento de once nuevos ministros del gabinete, compuesto por una treintena de carteras, y entre los que se encuentra Wunna Maung Lwinel como responsable de Exteriores, cargo que ya ocupó entre 2011 y 2016.

El golpe de Estado se hizo notar primero con el corte durante horas de conexiones de internet y teléfono, mientras la única cadena de televisión operativa era la de los militares. A pesar de la enorme presencia policial en el centro de Rangún, la antigua capital y mayor ciudad del país, los comercios han permanecido abiertos y se vive un cierto clima de normalidad.

Durante la mañana se vieron en la ciudad largas colas en los cajeros automáticos de los bancos, que en algunos casos se habían quedado sin efectivo y que decidieron cerrar debido a la “inestabilidad del sistema y la lenta conexión a internet”, según un comunicado de la Asociación de Bancos de Myanmar.

También cerró el aeropuerto y supuestamente las autoridades clausuraron el espacio aéreo desde hoy y hasta el 31 de mayo, según una comunicación enviada a las aerolíneas a la que tuvieron acceso fuentes diplomáticas. Las autoridades impusieron además en todo el país un toque de queda desde las 20.00 horas hasta las 6.00 horas. Por ahora, el futuro de Myanmar es una incógnita, aunque sí que se extienden entre la sociedad los rumores de que el Ejército podría detener a periodistas en las próximas horas y días.

Tras conocerse los primeros arrestos, las reacciones llegaron de todos los rincones del mundo: El Gobierno de EEUU dijo estar “alarmado” por los acontecimientos y la Unión Europea condenó “enérgicamente” el golpe de Estado militar. Por su parte, China expresó su deseo de que la situación creada por el golpe se resuelva “dentro del marco constitucional y legal”.

Responsable en el éxodo y exterminio rohinyá. La galardonada con un polémico Nobel tiene un lado muy oscuro por ocupar el cargo como líder de Myanmar que le señala como máxima responsable del éxodo masivo a campos de refugiados de Bangladesh y exterminio de la etnia apátrida de los rohinyás, considerado genocidio por la ONU. El Gobierno de Suu Kyi ni siquiera reconoce la ciudadanía a los miembros de esta comunidad, que en Birmania superaba el millón y medio de personas de las que ya solo quedan unas 400.000 en el país.

Un alto mando militar sugirió la semana pasada tomar el poder a la fuerza. Los rumores de golpe de Estado se habían ido intensificando desde que el pasado martes el portavoz militar Zaw Min Tun se negara a descartar la toma del poder por parte del Ejército tras denunciar supuestas irregularidades en las elecciones legislativas del pasado 8 de noviembre. Finalmente, la institución armada rechazó el sábado esa posibilidad y garantizó en un comunicado su compromiso con la defensa de la Constitución.

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Fueron los años que Birmania estuvo gobernada por militares, desde 1962 hasta 2011.