- La ley china de seguridad nacional para Hong Kong, que contempla penas de cadena perpetua, entró ayer en vigor tras ser aprobada por el Legislativo de China y ratificada por el presidente del país, Xi Jinping. Aunque todavía no se ha divulgado el texto definitivo aprobado por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo chino), sí se ha filtrado que no tendrá efectos retroactivos salvo para “actos criminales de naturaleza continuada” y que las penas máximas podrán ser a perpetuidad.

Pekín apuesta así por la mano dura para poner fin a las protestas antigubernamentales que el movimiento prodemocrático de la ciudad ha venido organizando desde mediados del año pasado, en las que el régimen chino ve una mano negra extranjera, apuntando a Washington.

Entre los detalles publicados hasta ahora por la prensa oficial de los 66 artículos divididos en seis capítulos que componen la ley, destacan los delitos específicos que se perseguirán: secesión, subversión del poder estatal -acusación usada frecuentemente por Pekín contra activistas y disidentes-, actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional.

La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, reveló que presidirá un Comité para la Protección de la Seguridad Nacional en Hong Kong, y que se crearán “unidades dedicadas” en la Policía y en el Departamento de Justicia para hacer cumplir la nueva ley. Fue la líder hongkonesa quien reveló ayer que la ley entrará en vigor “a más tardar en el día de hoy” una vez que el Gobierno local lo publique en su Boletín Oficial.

Ese será el último paso del proceso legislativo, después de que la ANP aprobase también ayer adjuntar la norma al Anexo III de la Ley Básica -la mini Constitución de Hong Kong-, que permite precisamente que Pekín incluya leyes nacionales para su cumplimiento en la ciudad semiautónoma, que cuenta con un sistema legal propio.

Lam defendió ayer en un mensaje grabado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la “necesidad urgente” de aprobar la polémica ley desde que comenzaron las protestas antigubernamentales a mediados del año pasado, y habló de “amenazas de actos terroristas” y de radicalización de jóvenes por parte de grupos independentistas.

En su opinión, “ningún gobierno central miraría para otro lado ante amenazas a la soberanía y a la seguridad nacional, así como a riesgos de subversión del poder estatal”, en referencia a políticos del movimiento prodemocrático que “proclamaron que paralizarían el Gobierno hongkonés”.

Minutos después de que la prensa hongkonesa anunciase la aprobación de la ley, las caras más destacadas de la formación prodemocrática Demosisto la abandonaron y, poco después, fue la propia organización la que anunció su disolución. Su ya ex secretario general Joshua Wong aseguró que seguiría llevando a cabo su “protesta”, pero a partir de ahora “a título personal”, al considerar que, pese a que se deba “afrontar con valor” el “aciago destino” que se presenta, “la preocupación por la vida y la seguridad (personal) ya no es ninguna tontería” bajo esta nueva legislación.

Otros grupos independentistas menos conocidos, como el Frente Nacional de Hong Kong y Studentlocalism, anunciaron que ponen fin a sus operaciones locales: el primero las trasladará a Taiwán y el segundo las dividirá entre la isla, Estados Unidos y Australia. Grupos activistas han renovado en redes su llamada a participar en la protesta antigubernamental anual de hoy prohibida por primera vez este año desde 2003.

Amnistía Internacional. La organización habla de “la mayor amenaza a los derechos humanos en la historia reciente” de Hong Kong. Para Amnistía, Pekín busca “gobernar Hong Kong a través del miedo de ahora en adelante”, y advierte de la posibilidad de que se utilice la ley contra candidatos del movimiento prodemocrático.