San Salvador - La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso de El Salvador intensificaron sus esfuerzos para dar una salida pacífica a la crisis institucional que vive el país después de que el presidente Nayib Bukele irrumpiera este domingo en sede parlamentaria escoltado por militares, un acto que los diputados han catalogado como "intento de golpe de Estado".

El Supremo ordenó a Bukele abstenerse de usar al Ejército en actividades que pongan en riesgo el sistema constitucional, después de que el mandatario irrumpiera el domingo en la sede del Parlamento con militares y policías con fusiles de asalto. Según un comunicado del órgano Judicial, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó a Bukele que "se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, representativo y democrático".

La reacción del Supremo fue celebrada por los diputados durante una sesión extraordinaria que se llevó a cabo para aprobar un pronunciamiento ante lo sucedido el domingo y conocer la notificación del Supremo. "¡Viva la democracia!", gritaron algunos de los diputados que se hicieron presentes.

Este es un hecho inédito desde que El Salvador se libró de décadas de dictaduras militares y vivió una guerra civil de 12 años (1980-1992).

CONDENA UNÁNIME Los diputados de la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora y constantemente enfrentados por su origen ideológico, condenaron de forma unánime el intento de golpe de Estado, a través de un pronunciamiento. "Por supuesto que hubo un intento de golpe de Estado, intento de disolver la Asamblea Legislativa", dijo en rueda de prensa el presidente del Parlamento, Mario Ponce.

Ponce hizo pública la condena en nombre de los 84 diputados, incluidos los parlamentarios del oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), al salir de una reunión privada de más de cinco horas con los líderes de cada partido político que integran el Congreso.

Ponce aseguró que no cederán a la "amenaza" de Bukele de regresar el próximo domingo sino aprueban los cuestionados fondos. Con dicha declaración, el Parlamento tildó oficialmente de intento de golpe la irrupción con militares de Bukele.

Los legisladores salvadoreños también pidieron al fiscal general, Raúl Melara, que investigue los hechos y deduzca si se cometió algún delito. "Nuestra posición es que hay que respetar el rol de cada órgano de Estado" y "nunca hemos trabajado a presión", dijo escuetamente a los periodistas el diputado Guadalupe Vázquez, de GANA y uno de los constantes defensores de las iniciativas de Bukele. Representantes de los diferentes partidos con representación en el Congreso rechazaron la ocupación militar, incluso los que actúan como sus aliados. Los parlamentarios llamaron a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a "activar los mecanismos necesarios que permitan dar seguimiento a la crisis institucional generada por el Ejecutivo". Ponce también lamentó la "tibia y sesgada reacción" del secretario general OEA, Luis Almagro.

Bukele criticó a los diputados del Congreso por suspender una sesión, convocada desde la semana pasada, en la que se buscaría aprobar el polémico préstamo y restó importancia a las alarmas por su ingreso con soldados fuertemente armados al órgano Legislativo. "Los diputados están ofendidos. Así que castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar hoy" y "lo que no entiendo, es como hay gente que los defiende. Aunque sean una minoría", dijo Bukele en Twitter.

PROTESTAS EN LAS CALLES Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, de la comunidad LGTBI y feministas se concentraron la tarde de este lunes en la Plaza Salvador del Mundo para manifestar su rechazo ante la militarización en el Congreso y en defensa del Estado laico.

Las organizaciones expresaron, a través de un comunicado, que "el presidente Nayib Bukele realizó un uso desmedido de las fuerzas militares y policiales para obligar a los diputados a votar por un préstamo de 109 millones (...) este hecho demuestra la incapacidad de los representantes de los órganos Legislativo y Ejecutivo para utilizar los mecanismos ordinarios existentes para la toma de decisiones".