San Salvador - Escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió en el Congreso salvadoreño para exigir a los diputados la aprobación de un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, llamando, incluso, a la insurrección popular. A primeras horas del domingo un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por militares y policías, fue desplegado en la sede de la Asamblea Legislativa adonde llegaron miles de personas coreando "¡Insurrección, insurrección, insurrección!".

Bukele dio inicio a una sesión extraordinaria de la Asamblea sobre un préstamo para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial, lanzado en junio del año pasado, pero no pudo ser posible por la falta de quórum, ya que solo se presentaron 20 diputados de los 84 que componen el Parlamento.

Bukele ofreció una oración desde el asiento del presidente del Congreso, Mario Ponce -que no acudió a la convocatoria-, y luego salió del salón legislativo ante la imposibilidad de establecer la sesión, para luego dirigirse a una multitud que lo esperaba en una de las entradas del Parlamento. "Los diputados han roto el control constitucional al no venir a la Asamblea Legislativa, ellos son los que desobedecen un mandato del Consejo de Ministros, ellos no son la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) para interpretar la Carta Magna", dijo el gobernante a los que acudieron a la sede del Congreso.

El presidente salvadoreño subrayó que los diputados, convocados a sesión plenaria hoy martes, "no aprueban el préstamo el Consejo de Ministros los va a volver a citar y si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución". Dicho artículo "reconoce el derecho del pueblo a la insurrección", para "restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución".

El Gobierno atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que Bukele asumió la presidencia y en el que fue lanzada dicha iniciativa.

"GOLPE DE ESTADO" El secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, acusó este domingo a Bukele de fomentar "un golpe de Estado" y señala que esto "traería graves daños colaterales". "Si tu crees que la confrontación y los golpes de Estado no traen graves daños colaterales estás equivocado (...) venimos de un conflicto (armado) largo y amargo para retroceder", dijo Ortiz.

El embajador de EEUU en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, llamó a los órganos Ejecutivo y Legislativo a dialogar para buscar "consensos" y pidió "mantener la calma". "Desde la firma de los Acuerdos de Paz hemos apoyado el fortalecimiento de la democracia en El Salvador. Hacemos un llamamiento a todas las partes del Estado y a todos los salvadoreños a trabajar y dialogar en búsqueda de consensos y a mantener la calma", manifestó el diplomático a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Johnson dijo estar "convencido de que la mejor vía de resolución de los conflictos es el diálogo razonable y el respeto mutuo".

Por su parte, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg, señaló que "El Salvador ha alcanzado logros importantes y ha ido profundizando su democracia y el Estado de Derecho mediante el respeto de las diferentes opiniones y el diálogo como forma de llegar a acuerdos que beneficien a todo el país". "Confiamos en que el espíritu de dialogo prevalezca siempre", agregó. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), también hizo un llamamiento al diálogo y al "pleno respeto de la institucionalidad democrática para garantizar el Estado de Derecho, incluyendo la independencia de las ramas del poder público".

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, condenó el "ostentoso" despliegue militar y policial en la Asamblea Legislativa y señaló que esto "nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país". "El presidente Nayib Bukele debe resguardar el importante legado de los acuerdos de paz", indicó en un comunicado. Guevara Rosas señaló que el Gobierno y la Asamblea legislativa "deben asegurar que sus decisiones se tomen respetando las normas nacionales e internacionales, sin poner en riesgo la institucionalidad que debe estar al servicio de los derechos humanos de todas las personas sin distinción". "El pueblo salvadoreño no se merece revivir los años de tragedia y abuso estatal".

La UE pidió respeto a la independencia de las instituciones en El Salvador y llamó al Ejecutivo y al Legislativo a resolver de "forma satisfactoria y pacífica". "La situación política con el enfrentamiento entre las instituciones del Estado en El Salvador ha causado una gran preocupación", dijo.

Préstamo. Para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial el Gobierno de El Salvador adquirió un préstamo por 109 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual debe de ser avalado con los votos de 56 diputados, mayoría calificada, en el Congreso.

sospechas. Diputados de Arena y del FMLN, que integran la Comisión de Hacienda que estudia dicho préstamo, temen que unos 25,9 millones del préstamo se inviertan en comprar tecnología de una firma mexicana de dudosa reputación.

Empresa. Grupo SeguriTech Integral Security, una multimillonaria dedicada a la vídeovigilancia, confirmó que pagó los gastos de un viaje en avión privado que el viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, Osiris Luna, hizo el año pasado.

Antecedentes. De acuerdo con una información del periódico local El Diario de Hoy, la compañía SeguriTech Integral Security ha sido denunciada en México por dotar a las autoridades del país con unas cámaras de vídeovigilancia que no funcionaban y además de haber sobrevalorado los aparatos.