Santiago - La agrupación política opositora Frente Amplio (FA) presentó ayer una querella criminal contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, a quien acusan como responsable de delitos de lesa humanidad en el marco de las protestas en el país que casi alcanzan los 3 meses y dejan al menos 27 fallecidos. El mandatario, según explicaron a la prensa políticos de la formación en el Centro de Justicia, en Santiago de Chile, es el máximo responsable del Ministerio del Interior y de Carabineros (Policía militariza) y como tal debe asumir las consecuencias de la actuación de ambas instituciones. Así lo explicó Matías Silva, abogado del partido Revolución Democrática (RD), que forma parte del FA, quien agregó que Piñera “podría tener un grado de cómplice encubridor” en la comisión de violaciones a los derechos humanos.
“El inmovilismo y la insensibilidad del presidente de la república frente a la comisión de estos delitos que violan derechos fundamentales y que no hace nada, implica en él también un grado de responsabilidad”, indicó el letrado.
Junto a él, la excandidata presidencial Beatriz Sánchez dijo que esta acción penal presentada contra el presidente se realiza debido a que observaron que la represión de las protestas en el país, que comenzaron el pasado 18 de octubre, ha perdurado en el tiempo mientras las movilizaciones sociales continúan.
Desde hace más de 12 semanas ciudadanos autoconvocados inundan por miles las plazas y las calles de Chile para protestar contra la desigualdad social en el país austral y el Gobierno de Piñera, al principio de forma masiva y diaria, y ahora reducido a los viernes y casi únicamente en la capital. Pese a la reducción del número de protestas y de actos de violencia como los saqueos e incendios ocurridos en las primeras jornadas, miles de personas siguen mostrando su descontento y cada jornada de manifestaciones se salda con incidentes entre parte de los manifestantes y Carabineros.
La institución uniformada ha sido la principal señalada en las denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la represión de la revuelta social. “Empezamos a ver que esto se sostenía en el tiempo y empezaba a ser algo sistemático y seguimos los caminos institucionales en la Cámara de Diputados con acusaciones constitucionales, pero parece que hay que seguir escalando en el camino porque responsables no hay”, explicó Sánchez.
En ese sentido, indicó que la medida judicial apunta a Piñera, pero también al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a su predecesor Andrés Chadwick -desligado del Gobierno tras las primeras dos semanas de crisis-, y al general director de Carabineros, Mario Rozas. “No puede ser que en una democracia no haya garantías para las personas que quieran manifestarse en cualquier ciudad de nuestro país. Hay un poder político que tiene que hacerse responsable”, agregó.
las denuncias Además, el Frente Amplio apoyó su querella en las denuncias internacionales por violaciones los derechos humanos realizadas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Estas instituciones y organizaciones señalaron durante los meses transcurridos de protestas uso desmedido de la fuerzas por parte de Carabineros contra manifestantes, detenciones ilegales, torturas, abusos sexuales o incluso homicidios, ya que cinco de las 27 muertes registradas hasta la fecha ocurrieron presuntamente a manos de agentes del Estado.
“Tenemos cuatro informes internacionales que constatan las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se han cometido en los últimos meses en Chile”, señaló la presidenta del partido Comunes, integrado en el FA, Javiera Toro.
“No vamos a permitir que esto se diluya en lo que señalan que son responsabilidades individuales (de ciertos uniformados) porque aquí hay responsabilidades políticas, penales y administrativas”, añadió. Estas denuncias se suman a las realizadas por el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que cifra en su último reporte 3.583 personas heridas en las protestas, de las que 2.050 fueron por disparos de algún tipo (bala, balín, perdigón bomba lacrimógena o arma no identificada).
Las manifestaciones, que comenzaron en respuesta a un aumento en la tarifa del metro y se convirtieron en un clamor contra la desigualdad, han perdido fuerza, pero sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse, pese a las medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al plebiscito sobre una nueva Constitución. - Efe
